Diputados exigen eliminación de confidencialidad en uso de canon de APM Terminals

Para garantizar que el canon que pagará APM Terminals se use estrictamente en proyectos de desarrollo de Limón, los legisladores del Caribe exigen al gobierno eliminar la cláusula de confidencialidad que firmó el puerto estatal de Japdeva con el Banco Nacional para administrar dichos fondos en un fideicomiso.

Y es que para los diputados si no hay transparencia, no se puede descartar que el dinero se use en pagar salarios o liquidaciones de Japdeva, o incluso, que los recursos entren a las arcas del Ministerio de Hacienda y con ello, desaparezcan del todo.

Para presionar, los legisladores de Limón ya preparan un recurso de amparo.

Se estima que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) que operará APM Terminals a partir de febrero, le dejará al Caribe unos $20 millones en su primer año de operación.

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Asimismo, con el aumento de la carga prevista se espera que al término de la concesión en unos 30 años, la empresa extranjera haya aportado a Limón unos $1 mil millones, lo cual sería más que suficiente para convertir el Caribe en un polo de desarrollo.

Con la TCM operando, Japdeva perdería hasta un 60% de la carga que hoy transporta, por lo que sus operaciones serían deficitarias para costear los salarios y pluses salariales de más de 1.200 empleados, quienes el año pasado se repartieron ¢41 mil millones en salarios e incentivos.

“Nos interesa que el fideicomiso tenga naturaleza pública, para ejercer un control político adecuado. Me preocupa que el dinero se vaya para San José como ha pasado en otras ocasiones, incluso le digo, que no se han traído el mar de Limón, porque simplemente no pueden, de lo contrario, ya lo habrían hecho”, dijo Eduardo Cruickshank, legislador por Restauración Nacional.

El dinero que aportará el megapuerto al desarrollo nacional, alcanzaría de sobra para construir un muelle de cruceros, establecer una zona libre de impuestos y promover un plan regulador.

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Asimismo, se pueden hacer obras urgentes para la provincia, como la reparación de caminos vecinales y arreglar los problemas en cuanto al suministro de agua.

En ese sentido, si el gobierno no acepta la demanda de los diputados, no se descarta un recurso de amparo para obligarlo a brindar la información, dijo Yorleny León, congresista de Liberación Nacional.

“Hemos redactado una nota a la junta directiva de Japdeva, así como al presidente Carlos Alvarado, esperando que en aras de la transparencia se elimine la confidencialidad. Sin embargo, si la respuesta es negativa estaríamos sumándonos a Restauración Nacional en un reclamo legal ante las instancias correspondientes”, agregó León.

A pesar de que la TCM inició su construcción en 2015, el gobierno de Luis Guillermo Solís no logró determinar los proyectos que se financiarían con el canon de operación, a lo sumo, conformó un fideicomiso confidencial e hizo una serie de consultas.

En ese sentido, León agregó que ya el tiempo de las consultas pasó y que solo cabe tomar acciones.

Sobre este tema se trató contactar a los personeros de Japdeva, pero al cierre de edición no devolvieron las preguntas enviadas por este medio.

Por otra parte, los momentos de estrechez fiscal que vive el país por culpa del déficit, hacen desconfiar aún más a los diputados.

Si el proyecto fiscal es rechazado por la Sala IV, el gobierno tendría que buscar dinero de otras fuentes, para financiar sus gastos corrientes, incluido el pago de salarios para los funcionarios públicos.

Gasto elevado

El gobierno ya anunció que no despedirá a ningún funcionario de Japdeva, sin importar que el puerto estatal perderá el 60% de la carga que hoy transporta por la entrada en operación de APM Terminals. La planilla de Japdeva consumió el 76% del presupuesto de la institución el año pasado.

¢54 mil millones

el gasto ejecutado de Japdeva en 2017

¢30 mil millones

lo destinado por la institución en salarios

¢11 mil millones

el costo de los incentivos de Japdeva para el año pasado

76%

de lo gastado por Japdeva se invirtió en salarios de sus empleados

Fuente: Contraloría General de la República