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Un día después de que Rodrigo Chaves anunciara un nuevo veto presidencial, los diputados de oposición en el Congreso aprobaron en segundo debate el proyecto de ley de ejecución de la pena.
La ley aprobada ayer por la noche no cambia las condenas ni reduce penas; lo que sí hace es ordenar y poner reglas claras sobre cómo se cumplen las penas una vez que la persona ya fue condenada.
Y es que hoy día muchas decisiones sobre ejecución de la pena, como beneficios carcelarios, cambios de modalidad, traslados y medidas disciplinarias, se basan en circulares administrativas y criterios que no siempre están en una ley formal, por lo que, en principio, se toman decisiones políticas en algunos casos o con criterios informales.
La propuesta fue aprobada con el voto de 33 legisladores del PLN, el Frente Amplio, el PUSC, Nueva República y legisladores independientes, mientras que los diputados oficialistas votaron en contra.
Tras la aprobación en segundo debate, el proyecto pasa a la Casa Presidencial para su respectiva firma por parte del presidente Chaves.
Debido a que él anunció que vetará la propuesta, la Asamblea Legislativa tendrá que conseguir 38 votos en el plenario para pasarle por encima al veto del presidente y aprobar de manera definitiva la nueva ley.
De lo contrario, el proyecto de ley tendrá lo que se conoce en la jerga legislativa como “un entierro de lujo”, al superar todos los trámites en la Asamblea para terminar fracasando en el último trámite del proceso.
“Acaban de aprobar la Ley de Ejecución de la Pena, proyecto del Poder Judicial, para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico”, indicó el presidente Chaves anteriormente.
Entre sus argumentos se encuentran, por ejemplo, que un solo juez de ejecución de la pena puede traerse abajo lo dispuesto por un tribunal penal.
Asimismo, destacó que las recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Criminología, que incluye a trabajadores sociales, psicólogos y criminólogos, no son vinculantes.
Por su parte, diputadas de oposición señalaron que la ley de ejecución de la pena es una deuda histórica de Costa Rica.
Asimismo, destacaron que la visión dentro del proyecto es lograr la reinserción en la sociedad de las personas que cometieron algún delito, a la vez que se trate con dignidad a las personas. Rechazan que se trate de alcahuetería.
“Es una responsabilidad nacional y de esta Asamblea Legislativa aprobar esta ley. La ley es correcta, la ley está ajustada a derecho. Cuando se impone la pena, las partes que no están de acuerdo pueden apelar, ir incluso hasta el recurso de casación. Pero cuando la sanción queda firme, esa tiene que cumplirse de acuerdo con los parámetros de tratamiento dentro del sistema penitenciario, por supuesto, pero bajo control jurisdiccional”, dijo Gloria Navas, diputada independiente.
