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La diputada socialcristiana María Marta Carballo, impulsora del proyecto para atender la falta de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se refirió a los reclamos que han realizado diversos sectores en contra de la iniciativa.
Este lunes, decenas de médicos y estudiantes llegaron a la Asamblea Legislativa para protestar en contra del plan, al alegar que obligaría a los especialistas recién graduados a trabajar durante 7 años con la Caja.
Los manifestantes también recriminan que el proyecto abre la posibilidad de traer extranjeros para atender especialidades donde no haya médicos.
Carballo salió al paso de esas afirmaciones y aseguró que es falso que el proyecto impida a los especialistas ejercer en el país durante la retribución social.
Según dijo, la retribución se realiza trabajando y siendo remunerado como especialista, mediante el nombramiento en una plaza formal.
“Lo que propone la iniciativa es que la CCSS pueda recuperar de manera proporcional la inversión pública que realiza en la formación de cada especialista, algo que hoy no ocurre adecuadamente, ya que la retribución es limitada a tres años o se sustituye por pagos módicos”, afirmó.
La legisladora destacó que, como ningún contrato vigente puede ser afectado por una ley posterior, el proyecto aplica únicamente hacia el futuro y no vulnera derechos adquiridos ni condiciones contractuales actuales.
Además, aseguró que los especialistas extranjeros solo se permitirían en casos de inopia y de países afiliados a la OCDE.
“Se trata de una herramienta de última instancia, que solo se aplicaría si las medidas principales del proyecto —como la ampliación de la formación de especialistas, el aumento de plazas en zonas rurales, la eliminación de cuellos de botella y contratos de retribución adecuados— no logran equilibrar la oferta y la demanda”, afirmó.
El proyecto establece, para quienes deseen ingresar a una especialidad, un examen único estandarizado de conocimientos generales en medicina y aplicado por un ente internacional imparcial como la NBME.
Carballó manifestó que la oposición a esta iniciativa “responde a la defensa de intereses gremiales y económicos, por lo cual se niegan a reconocer el déficit histórico de especialistas en el país y mantienen cuellos de botella tanto en la formación como en la incorporación de nuevos profesionales, en perjuicio de la población”.
“Es falso reconocer como la raíz del problema del faltante de especialistas en la CCSS, a la Ley de Empleo Público. Desde el año 2000, cuando no existía esta ley, ya había problemas en la institución por la falta de este personal”, agregó.
