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Nos enfrentamos a un desatino más: una deuda política desproporcionada y un aparente desinterés por modificar la ley que permita moderarla


Desproporcionada deuda política

¿Cómo se gasta el dinero público? Es un hecho que las prioridades de la población, desde salud hasta educación, entre muchas otras, no coinciden muchas veces con las del gobierno central y los diputados del Congreso.
Lo decimos porque, de no aprobarse rápidamente reformas al Código Electoral, en esta campaña política se gastarán ¢43 mil millones de dinero público (es decir, aportado por los costarricenses).
Una suma totalmente inconveniente para un país que, como el nuestro, está endeudado a causa de que los gastos son mucho mayores que los ingresos a pesar de lo cual existen muchas necesidades sin atender.
Y lo decimos también porque existe la posibilidad de contar con un mecanismo que garantice un financiamiento democrático de las elecciones nacionales mucho más adecuado a nuestra realidad económica, como lo detalla una nota de este medio ayer.
La misma señala también cómo es que está en manos de siete diputados, tres de ellos liberacionistas y otros cuatro de diferentes partidos políticos cada uno, el que esta cifra se rebaje a un monto razonable.
Hasta ahora ni este gobierno ni sus diputados han dado muestras de priorizar realmente, como dijimos antes, las numerosas necesidades esenciales de la población que no se han solucionado. Los ejemplos sobran. Desde el que hoy nos ocupa, la deuda política, hasta muchos otros en donde se desperdician o se desvían los dineros públicos.
Los escándalos por denuncias de corrupción se han seguido sumando y aún no se han sentado responsabilidades y sus respectivas sanciones, mientras el gobierno dedica fondos públicos a decirnos lo bien que se están haciendo las cosas.
Ahora, en medio de la lluvia de necesidades que no se atienden, entre otras cosas por falta de recursos económicos (hospitales, escuelas, cárceles…), nos enfrentamos a un desatino más: una deuda política desproporcionada y un aparente desinterés por modificar la ley que permita moderarla.
Esto sin mencionar, desde luego, la posibilidad que esperamos no sea realidad, de que buena parte de ese dinero se dedique a insultos y descalificación de los candidatos, y no al planteamiento claro que estamos esperando de proyectos que incluyan formas de realizarse y recursos con que se harían, para solucionar problemas esenciales.
Ojalá tomen conciencia los señores y señoras diputados.

 

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