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Jueves 8 Abril, 2010


En los rompimientos de monopolios estatales, la información que se brinde y, sobre todo la transparencia, serán fundamentales para el éxito del proceso y el apoyo que este necesita por parte de los ciudadanos

Del monopolio público a la competencia

La razón por la cual la introducción de competencia en los llamados servicios públicos económicos es una decisión política tan complicada radica en que la situación que se pretende modificar, en este caso el monopolio, da dinero y poder. En sentido contrario, eliminar las restricciones de la competencia, es decir, suprimir los monopolios, quita dinero y poder. Así, pues, difícilmente quienes los ostentan se mantengan al margen de una actuación política que tiene como consecuencia la eliminación de los privilegios que han incrementado a través de los años.
Los factores que determinan y, consecuentemente, distinguen el comportamiento del empresario y del monopolista, en el mercado, son muy diferentes. Al primero le preocupa generar ganancias, dirigir bien su compañía y atraer consumidores. Todos sabemos cuál es la suerte de una empresa privada que es mal gestionada: quiebra, se vende o se liquida. Esta es una situación que al monopolista público poco le interesa debido a que, independientemente de la forma en que se gestionen sus actividades, su empresa difícilmente va a desaparecer. La razón de ello es muy sencilla: la empresa pública no está en el mercado; está en el Estado.
Al contrario de lo que sucede en el mercado de empresas, al monopolista poco le interesará aumentar su cuota en aquel debido a que, independientemente de la calidad en la prestación del servicio, acaparará siempre su sector de operaciones. Los beneficios para un monopolio no se materializan en la creación de riqueza sino en su permanencia en el tiempo y el incremento de sus privilegios.
En efecto, el monopolio es una situación que depende de decisiones políticas. De ahí que lo que verdaderamente le interesa al monopolista sea reunirse con miembros pertenecientes a las altas esferas políticas. Sus beneficios dependen de lo que ellos decidan, no lo que exija el consumidor. La inferioridad social del ciudadano frente al Estado, absoluta.
Por ello, es lógico que el monopolista siempre se mantenga en disgusto con la política que intenta quitarle sus privilegios. En la misma medida es entendible que busque agruparse con sectores ideológicamente compatibles y otros grupos minoritarios con intereses similares que, directa o indirectamente, apoyen sus intenciones. Asimismo que busque desacreditar al gobierno, la política de liberalización y los mecanismos por los cuales ha optado ponerla en práctica. Todo esto para conservar su “vida tranquila”, como en su momento definiese el monopolio John R. Hicks (Premio Nobel de Economía).
Por ello, un proceso de liberalización requiere, entre muchas otras, un firme liderazgo político. Los poderes públicos deben ser capaces de demostrar la necesidad y conveniencia de la reforma que se pretende implantar y los beneficios de la competencia, así como proporcionar los instrumentos adecuados para involucrar a los ciudadanos en la situación que se pretende modificar.
La información que se brinde y, sobre todo, la transparencia en sus actuaciones serán fundamentales para el éxito del proceso y el apoyo que este necesita, por parte de los ciudadanos, para su absoluta e indiscutible legitimidad.

Ricardo Barquero Córdoba
Especialista en derecho administrativo
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