Ante la falta de claridad sobre dónde, cuándo y con quién denunciar un caso de acoso laboral, las instituciones están en la obligación de formular un reglamento interno para la atención de estos casos, consideró la Defensoría de los Habitantes.

El pronunciamiento de la institución se da a falta de una ley que castigue estas agresiones, y que solo 17  instituciones públicas contemplan un reglamento de atención del acoso laboral, tal es el caso de la Caja de Seguro Social.

Contrario a esta, la Defensoría hace un llamado al Ministerio de Educación Pública (MEP), con 78 mil trabajadores, para que genere un protocolo aplicable en estos casos.

Asimismo, se opone a que en el MEP se realicen investigaciones preliminares cuando está claramente determinado una víctima y un posible agresor, puesto que ese proceso revictimiza a la persona que sufre las acciones de hostigamiento sexual.

“Todas las instituciones del sector público deben declarar cero tolerancia a la violencia laboral, estableciendo un protocolo específico para prevenir, regular y sancionar el hostigamiento laboral”, expresó la Defensoría.

Finalmente consideró que los funcionarios deben ser capacitados sobre el tema de acoso laboral.