De Magistrados Suplentes y Donaciones al Estado

TROTANDO MUNDOS

De Magistrados Suplentes y Donaciones al Estado

Humberto Pacheco

No estamos de acuerdo con el escándalo que le han hecho al Lic. Federico Sosto —a quien no conocemos personalmente— en virtud de un nombramiento público que se ejerce a medias, compartido con la práctica profesional privada. Nos centramos en los absurdos mecanismos imperantes para llenar un cargo tan importante como el de Magistrado suplente, no en los hechos concretos de este caso que hubiera correspondido a la Corte Suprema de Justicia conocer y dictaminar.

No entendemos el porqué de la actuación de la Corte. El Lic. Sosto tenía derecho a que ese tribunal examinara su caso y —como sería de esperar dado el absurdo sistema que impera— lo exonerara públicamente. El más alto Tribunal no se puede dar el lujo —como lo expresaron algunos de sus miembros— de dejar ante la Opinión Pública la sensación de que obviando esa investigación cubría sus propios errores.

Más allá de lo dicho, lo que es dable criticar es el alma de pordiosero de los ticos, que erradamente deciden que los Magistrados suplentes no sean funcionarios de tiempo completo, sino abogados litigantes a quienes se llama a última hora a asumir el rol de magistrados ocasionales. Toda una lindeza. Esos magistrados suplentes deberían ser funcionarios de tiempo completo, trabajando tras bambalinas para ayudar a mover la lenta carreta de la justicia a fin de que ésta pueda ser pronta y cumplida. Al ser requeridos, subirían a la magistratura temporalmente.

Con el actual sistema, cómo no tener momentos de conflicto que afecten la “virginidad” procesal? El país tiene muchas cosas más importantes de que ocuparse. Resolvamos ésta como debe ser y no tendremos que rasgarnos las vestiduras.

A propósito de legalidad, es necesario desterrar definitivamente la política inveterada de financiar actividades públicas con fondos privados y estructuras inadecuadas, presumiendo que con ello se evaden los controles públicos y la obligación de revelar origen y destino pues, al no ser públicos, no están sujetos a control. Comprendemos que muchas veces la situación reclama soluciones prontas que se presentan difíciles ante las limitantes financieras con que se le pide a los gobernantes dirigir al país, parte de un prurito del subdesarrollo mental que nos aflige, pero eso no da licencia para recurrir a interpretaciones que no tienen asidero legal.

Todos los recursos, por mucho que provengan de la bondad del sector privado y sean, por lo tanto, originalmente privados, cuando tocan puerto estatal se convierten en propiedad del Estado y por ende, en recursos públicos sujetos a supervisión, control y reporte. Cualquier donación que se le haga al Estado, no importa la forma, al recibirla el Estado en efectivo, bienes ó servicios, se torna pública y susceptible de todos los controles.

En los Estados Unidos le está prohibido a los funcionarios públicos recibir cualquier tipo de regalo del sector privado, por inocente que parezca. Los regalos oficiales a los Presidentes pasan a formar parte del acerbo estatal. No pueden, al terminar su período, llevárselos para la casa. Las reglas del juego impiden considerar cualquier donación a los funcionarios fuera del ámbito de control público.

Es primordial dotar a nuestros gobernantes de los fondos necesarios para que puedan desempeñar su labor digna y eficientemente sin tanta dificultad, pero eso sí, con obligación de reportar su uso, porque la transparencia en el uso de fondos públicos es sempiterna.

¿Ya aseguraron a los jugadores de la Selección Nacional hasta los tuétanos para que, previendo un calvario como el que le ha tocado vivir al Tuma Martínez, al menos esté cubierta la parte financiera de sus vidas?

vikocr@racsa.co.cr