Cuando uno se empobrece ahorra los céntimos, y estos son muchos $

Me llama la atención la renuencia a aprobar el préstamo por $508 millones del FMI dentro del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI por sus siglas en inglés).

¿Será que no necesitamos los recursos?

Claro que los requerimos.

El déficit de este año sería del orden de un 9% del PIB. Se produce por encima del déficit de 6,2% del PIB proyectado en febrero antes de que nos atacara el COVID-19, debido a una disminución de ingresos de 3,3% del PIB, un aumento de gastos de 1,5% del PIB (para atender los 3 meses del Programa Proteger y una extensión de 3 meses más a la mitad de los 961.439 solicitantes actuales y para pagar las transferencias comprometidas con la CCSS) y una disminución de otros gastos de 2% del PIB. Además, se requiere financiar 4% del PIB de amortizaciones, de manera que la necesidad de crédito es por 13% del PIB. Considerando todos los créditos aprobados o en trámite en los organismos financieros internacionales, lo que Hacienda ya ha colocado en el mercado interno y los recursos remanentes de la colocación de eurobonos del año pasado, aún quedaría un faltante por financiar del orden de 3,5% del PIB.

El préstamo RFI del FMI está considerado entre los créditos de instituciones multilaterales financieras en trámite atender el déficit y la amortización de pasivos. Su tasa de interés es de 1,55% y su plazo es de 5 años y se empieza a amortizar a los tres años y medio.

El Ministerio de Hacienda no ha efectuado colocaciones dólares en subastas del mercado local en este año. En colones, la última a un plazo similar (unos 150 días menor) se realizó el 8 de junio a una tasa de interés de 8,43%. Ciertamente es en colones y por ello implica riesgo cambiario, aunque nuestros precios más bien están contrayéndose y el tipo de cambio es actualmente muy estable porque la caída en la demanda por importaciones es 3,6 veces mayor a la caída en las exportaciones. El interés pagado por los recursos obtenidos en esa subasta es mayor al del préstamo RFI del FMI en 6,88 puntos porcentuales, que solo en los 3 y medio años de gracia significarían un mayor gasto de $ 122 millones. Esos no son céntimos. Ese monto financiaría un mes del bono proteger a 580.000 personas desempleadas o sin ingresos en el mercado informal.

El mayor precio por colocar bonos en relación al crédito del FMI, sería menor si se considera como alternativa el rendimiento demandado ahora en el mercado internacional por bonos de Costa Rica a 5 años, que es de7,04% (estuvo en casi 8,5%) Con esta alternativa de financiamiento el gasto adicional solo en esos primeros 3 y medio años sería de $97,6 millones que podría financiar 465.000 bonos proteger mensuales.

Entiendo la demanda de los partidos de oposición al gobierno de que disminuya adicionalmente el gasto corriente autorizado para este año cuando no sufríamos el COVID-19. Y entiendo que el gobierno ha sido renuente para reducir ese gasto a pesar de que es indispensable hacerlo para no comprometer aún más la capacidad de enfrentar el empobrecimiento el año entrante y los sucesivos. Es más, considero que el gobierno también ha sido renuente en cuanto a la venta de activos importantes y a restructuraciones del aparato gubernamental para mejorar su balance de situación con otros activos más productivos, o con menos pasivos. Es cierto que estas últimas medidas no ayudarían para este año, pero si para los siguientes y haría menos prolongado y doloroso el camino hacia la estabilidad de la deuda pública.

Por ese ahorro del gasto en intereses me parece indispensable aprovechar este año los créditos de las instituciones financieras internacionales que oportunamente gestionó el gobierno.

Todos tendremos que poner de nuestra parte para enfrentar este grave empobrecimiento que de no actuar bien y oportunamente se agravará más cada año.

A veces me parece que no hay consciencia de lo seria que es nuestra situación. La mejor salida es lograr un Acuerdo de Derecho de Giro (Stand-by Agreement) con el FMI para asegurar que en 2021 y 2022 podamos obtener recursos que suavicen el ajuste necesario para empezar a recuperarnos del empobrecimiento. Hacer el ajuste sin el alivio de ese financiamiento sería mucho más duro. Y peor sería no hacerlo y llegar a una suspensión de pagos y a un proceso inflacionario para reducir el gasto público real, como ocurrió en los ochenta cuando en 1982 el salario real se redujo en un 40% y el consumo per cápita bajó en más de una cuarta parte.