¿Cuáles beneficios laborales del sector público podrían acabarse?

Gozar de 30 días de vacaciones y recibir ayuda económica en caso de casarse, tener un hijo o perder a un familiar, son algunos de los beneficios del sector público que podrían acabarse si prosperan varias acciones de ilegalidad que se encuentran en estudio en la Sala IV.

Otro asunto es reducir la cesantía de 20 años a 12 años, lo que aún así sería cuatro años más que el máximo pagadero por el sector privado.

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Se trata de incentivos que se encuentran en las convenciones colectivas de varios entes estatales como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Nacional de Seguros, Japdeva, la Refinadora de Petróleo, y la Universidad de Costa Rica.

La posibilidad de que los incentivos se terminen se puso de manifiesto a finales de la semana pasada, cuando la Sala Constitucional eliminó once beneficios que disfrutaban los empleados de la Refinadora de Petróleo como el servicio de odontología gratuito para el núcleo familiar, o bien, un plan de becas para los hijos de los trabajadores.

La mayoría de los reclamos fueron presentados por Otto Guevara cuando fue diputado del Movimiento Libertario en el gobierno anterior.

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El gobierno de Carlos Alvarado, por su parte, se comprometió con renegociar todas las convenciones colectivas, cada una de las cuales brinda una serie de privilegios no disponibles en el sector privado.

Era siempre posible re negociar cualquier convención, las cuales normalmente vencen cada dos años.

Sin embargo, las administraciones anteriores, desde hace varias décadas, permitieron la renovación automática bajo las mismas condiciones.

Los beneficios otorgados por las convenciones no afectan el déficit al tratarse de instituciones autónomas que no conforman parte del presupuesto nacional.

Sin embargo, sí encarecen el costo de la vida de los consumidores en áreas que van desde los servicios bancarios hasta petroleros y portuarios por los gastos que representan.

Estoy esperanzado en que la Sala Constitucional declare con lugar los otros reclamos que presenté contra cláusulas abusivas en la UCR, Japdeva, municipalidades y otras instituciones.

Estoy marcándole un camino al gobierno en el sentido de que lo único que se requiere es voluntad política para enfrentar estos abusos.

El gobierno la tiene muy sencilla, ya que lo único que debería hacer es instruir a la Procuraduría para que presente todas las acciones de inconstitucionalidad que sean necesarias contras todas las cláusulas abusivas de todas las convenciones colectivas, así como otros acuerdos abusivos que deben frenarse ya.

Espero que esta administración se llene de valor finalmente y haga lo que tiene que hacer.

Carlos Montenegro

Subdirector

Cámara de Industrias

La Cámara de Industrias de Costa Rica celebra que con su acción y con la decisión de la Sala Constitucional, hemos hecho una contribución enorme a que se detenga la fiesta con recursos de los costarricenses.

No podemos aceptar que la Administración de Recope decida poner un impuesto a los combustibles producto de negociaciones de su Convención Colectiva como venía sucediendo, en especial cuando esos son gastos que no son requeridos para brindar el servicio de importación y distribución de combustibles.

En contra

Albino Vargas

Secretario

ANEP

No solo se trata de los reclamos ante la Sala IV, sino también de la intención del gobierno de crear dos súper ministerios que serían el de Hacienda y el de Planificación.

Se impactaría aúna más los salarios de los trabajadores del sector público.

Quieren modificar todos los contenidos del salario y pagar únicamente montos fijos y no porcentuales, no solo es la anualidad, sino todo.

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