Crisis de la Caja revienta en huelga
Gabriela Masis gmasis@larepublica.net | Jueves 14 julio, 2011
Médicos y empleados harán paro el 19 de julio
Crisis de la Caja revienta en huelga
Crisis de la Caja revienta en huelga
Ente con pocas armas para responder al movimiento indefinido
Con los médicos y empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social a la cabeza, otros sectores sumirán al país en una cadena de huelgas y protestas a nivel nacional.
El principal clamor es el rescate de la Caja, pero cada uno de los gremios tiene sus demandas y particularidades como es el caso de los ambientalistas que protestan contra la minería y exploración petrolera.
Los 50 mil empleados del Seguro Social entrarán en huelga indefinida a partir del 19 de este mes.
La anunciada paralización se da en el marco de la crisis financiera que enfrenta la Caja, generada en parte por la deuda del Estado que tal como lo adelantó LA REPUBLICA en una serie de reportajes de investigación, ronda los ¢423 mil millones.
En los últimos meses, desde distintas instancias, la Caja ha sido blanco de críticas por su situación financiera y los problemas de gestión.
En ese sentido, los distintos gremios en forma unánime piden al Gobierno enfrentar el pago de esa deuda estatal y le demandan ser consecuente y dar el ejemplo como patrón.
Al rescate de la Caja, se unen otros actores gremiales y sociales.
El reciente aumento salarial dado por decreto pone a los empleados públicos en pie de guerra, quienes a su vez se manifestarán por el rescate de la seguridad social.
Los docentes agrupados en la Asociación Nacional de Educadores, anteriormente se pronunciaron contra el plan de trimestralización anunciado por Leonardo Garnier, ministro de Educación.
Pero el gremio magisterial no descarta nuevas manifestaciones, principalmente a favor del Seguro Social.
“Si perdemos la Caja, no habrá retorno, no habrá regreso”, dijo enfáticamente Edgar Morales, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
Mientras ,las autoridades de la Caja califican de ilógico e irracional el llamado hecho por los más de 40 sindicatos formados en la institución.
“Esta huelga va contra todos los asegurados y hago un llamado a la mayoría de los empleados para que no se sumen”, dijo Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la entidad, quien ayer se reunió con representantes de los gremios que insisten en mantener su posición.
El anuncio de paralizar algunos servicios de emergencia, hace pensar a las autoridades de la institución que se enfrentan a un movimiento de dimensiones más grandes de las acostumbradas.
Los funcionarios mantendrán la huelga hasta que la Caja desista de aplicar el pago de la incapacidad como subsidio en acatamiento de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que dijo que no se podía reconocer como parte del salario como se ha hecho desde la creación de la institución.
El reconocimiento del pago de las horas extraordinarias, más el de la vivienda cuando residen en zona rural son otras peticiones hechas por médicos y otros grupos de la entidad.
Por otro lado, la gestión de la administración Chinchilla ha generado inconformidad entre distintos sectores por la falta de solución a problemas nacionales, propiciando un ambiente tipo “olla de presión”.
Ello se une a las decisiones tomadas en el tema ambiental que lleva a grupos conservacionistas a marchar hacia Miramar para impedir la reactivación de la mina Bellavista.
Otros grupos de la sociedad civil organizados en distintas comunidades alzan la voz, contra la inseguridad ciudadana, como fue la reciente hecha en San Joaquín de Flores.
Los empleados de Acueductos y Alcantarillados protestarán por la reestructuración aplicada y contra el pretendido aumento en las tarifas de un 200% en el servicio de agua.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
El principal clamor es el rescate de la Caja, pero cada uno de los gremios tiene sus demandas y particularidades como es el caso de los ambientalistas que protestan contra la minería y exploración petrolera.
Los 50 mil empleados del Seguro Social entrarán en huelga indefinida a partir del 19 de este mes.
La anunciada paralización se da en el marco de la crisis financiera que enfrenta la Caja, generada en parte por la deuda del Estado que tal como lo adelantó LA REPUBLICA en una serie de reportajes de investigación, ronda los ¢423 mil millones.
En los últimos meses, desde distintas instancias, la Caja ha sido blanco de críticas por su situación financiera y los problemas de gestión.
En ese sentido, los distintos gremios en forma unánime piden al Gobierno enfrentar el pago de esa deuda estatal y le demandan ser consecuente y dar el ejemplo como patrón.
Al rescate de la Caja, se unen otros actores gremiales y sociales.
El reciente aumento salarial dado por decreto pone a los empleados públicos en pie de guerra, quienes a su vez se manifestarán por el rescate de la seguridad social.
Los docentes agrupados en la Asociación Nacional de Educadores, anteriormente se pronunciaron contra el plan de trimestralización anunciado por Leonardo Garnier, ministro de Educación.
Pero el gremio magisterial no descarta nuevas manifestaciones, principalmente a favor del Seguro Social.
“Si perdemos la Caja, no habrá retorno, no habrá regreso”, dijo enfáticamente Edgar Morales, dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos.
Mientras ,las autoridades de la Caja califican de ilógico e irracional el llamado hecho por los más de 40 sindicatos formados en la institución.
“Esta huelga va contra todos los asegurados y hago un llamado a la mayoría de los empleados para que no se sumen”, dijo Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la entidad, quien ayer se reunió con representantes de los gremios que insisten en mantener su posición.
El anuncio de paralizar algunos servicios de emergencia, hace pensar a las autoridades de la institución que se enfrentan a un movimiento de dimensiones más grandes de las acostumbradas.
Los funcionarios mantendrán la huelga hasta que la Caja desista de aplicar el pago de la incapacidad como subsidio en acatamiento de un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que dijo que no se podía reconocer como parte del salario como se ha hecho desde la creación de la institución.
El reconocimiento del pago de las horas extraordinarias, más el de la vivienda cuando residen en zona rural son otras peticiones hechas por médicos y otros grupos de la entidad.
Por otro lado, la gestión de la administración Chinchilla ha generado inconformidad entre distintos sectores por la falta de solución a problemas nacionales, propiciando un ambiente tipo “olla de presión”.
Ello se une a las decisiones tomadas en el tema ambiental que lleva a grupos conservacionistas a marchar hacia Miramar para impedir la reactivación de la mina Bellavista.
Otros grupos de la sociedad civil organizados en distintas comunidades alzan la voz, contra la inseguridad ciudadana, como fue la reciente hecha en San Joaquín de Flores.
Los empleados de Acueductos y Alcantarillados protestarán por la reestructuración aplicada y contra el pretendido aumento en las tarifas de un 200% en el servicio de agua.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net