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El país está en una encrucijada con una crisis fiscal que aumenta a pasos agigantados, un endeudamiento acelerado que está hipotecando el futuro del país y una economía en desaceleración.
La creciente carencia de recursos está afectando y deteriorando todo, incluyendo la economía, el empleo y la necesaria infraestructura vial, de educación y de salud.
Un artículo publicado por el periódico La República, titulado “¿Puede Costa Rica sobrevivir al déficit fiscal más alto de su historia?”, señala lo siguiente:
Y para agravar aún más la situación, la economía se desacelera, lo cual conlleva la recaudación de menos impuestos. Un artículo publicado por El Financiero, titulado “¿Cómo reduce Costa Rica un déficit fiscal del 7%?”, señala lo siguiente:
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la primera iniciativa fiscal del Gobierno Alvarado sería equivalente al 1,72% del PIB, la segunda propuesta del Gobierno sería del 1,42%, la propuesta con los primeros cambios de los diputados sería del 1,23% y la propuesta con los segundos cambios de los diputados sería del 1,12%.
En las circunstancias actuales, el Gobierno considera que “la reforma debe generar al menos el equivalente a un 1,4% del producto interno bruto (PIB)”, pero la negociación en la Asamblea Legislativa está muy complicada.
Es evidente que independientemente del aumento de los impuestos que finalmente se apruebe en la Asamblea Legislativa, esta sería insuficiente para resolver el problema fiscal y el problema del endeudamiento público.
La deuda pública sigue creciendo peligrosamente de manera exponencial. Los medios de comunicación han venido activamente reportando esta seria situación con reportajes como los siguientes: la “Mitad del presupuesto del Gobierno deberá suplirse con deuda”, el “Gasto en deuda pública se dispara en un 50% para el 2019”, los “Pagos a deuda crecen un 80% en Presupuesto Nacional del 2019”, el “Pago de bonos consumirá el 41% del presupuesto 2019”, la “Deuda del Gobierno estruja obras, salarios y gasto social” y “Para poder pagar la deuda y sus intereses el Gobierno ha tenido que estrujar el dinero destinado a las obras públicas, a los salarios de sus trabajadores y hasta el gasto social” (“La inversión del Gobierno en obras cae un 12,5%, las remuneraciones apenas subirán 0,7% y el gasto social baja de 13,1% a 12,6% del PIB”).
Toda la incertidumbre fiscal, económica y social que está ocurriendo está creando otros problemas colaterales que agravan aún más la situación. Un artículo publicado el 29 de agosto pasado por CRHoy bajo el título “Se desploma confianza del consumidor” señala que “la confianza de los consumidores cayó 10 puntos en el último trimestre, reveló este 29 de agosto la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica con base en la Encuesta Trimestral de Confianza de los Consumidores”.
La evidencia en el mundo muestra que para poder prosperar un país requiere, entre otras cosas, no tener impuestos altos, tener menos regulaciones y tener una alta confianza. Y en Costa Rica esto no se está dando.
Ante la desaceleración de la economía, y la pérdida de competitividad y de confianza que está ocurriendo, el país requiere de una reactivación económica. Un artículo publicado por La Nación, titulado “Empresarios urgen al Gobierno a presentar plan de reactivación económica”, señala que el Presidente de UCCAEP indicó que “es urgente la incorporación de propuestas para recuperar la competitividad del sector productivo” y que “una economía estancada no produce ingresos para las empresas, ni para las personas, ni para el fisco”.
Mientras que todo esto ocurre en Costa Rica, muchos países están tomando medidas de alto impacto para impulsar la competitividad, el crecimiento económico, el empleo y la generación de nuevos recursos fiscales sin aumentar los impuestos. Otros están inclusive reduciendo los impuestos para impulsar la economía.
Como parte de las políticas y las medidas para impulsar desarrollo económico y social y para satisfacer las necesidades fiscales, muchos países buscan utilizar toda su riqueza nacional, incluyendo el desarrollo de su potencial energético a través de una política y una estrategia dual que impulsa simultáneamente en todo momento la competitividad, el desarrollo económico y social y la transición energética.
La mayor parte de los países exitosos (grandes, medianos y pequeños), muchos de ellos miembros de la OCDE, aplican este tipo de política y de estrategia y tienen un alto desarrollo humano, un alto desempeño ambiental y un importante gasto social. Entre los países pequeños se encuentran Noruega, Israel y Nueva Zelanda.
El gas natural es una de las fuentes de riqueza nacional que estos países están desarrollando o buscando desarrollar porque es unas cinco veces más barato que los derivados de petróleo, es ambientalmente superior, genera grandes cantidades de recursos fiscales y es la fuente de energía que en el futuro va a desplazar al petróleo como la primera fuente de energía mundial. De acuerdo con la International Energy Agency (IEA) en su “World Energy Outlook 2017”, de aquí al 2040 “el uso de gas natural aumentará en un 45%” en el mundo.
En Costa Rica no se requiere ninguna nueva ley para acceder a la gran cantidad potencial de recursos fiscales y no fiscales que genera el gas natural, el cual impulsa también fuertemente la competitividad y la reactivación económica. La Ley 7399 autoriza a “desarrollar, promover, regular y controlar” el gas natural en el territorio nacional, además de “preservar y proteger el ambiente” y de “asegurar su uso racional y garantizar los intereses del Estado”.
Pero contrario a lo que se está haciendo en el mundo, aquí solo se busca aumentar los impuestos y se desechan los enormes recursos potenciales fiscales y no fiscales asociados al gas natural que han sido identificados en varias zonas del país, los cuales podrían resolver completamente, de una vez por todas, el serio problema fiscal y de creciente endeudamiento público.
