Costa Rica urge de un marco legal para hacer realidad la economía circular, según diputados

A finales de junio el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) con la intención de reducir la contaminación y crear empleos verdes.

En dicha estrategia el gobierno decidió que construcción, turismo, comercio y servicios, manufactura o industria, agropecuario, pesca y forestal serían los sectores económicos con prioridad de economía circular al 2050.

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Sin embargo, un proyecto impulsado por un par de diputados asegura que es necesario establecer un marco legal para implementar de manera concreta la economía circular en Costa Rica.

La intención es poner fin a un modelo lineal de producción y contribuir con un consumo sostenible en el territorio nacional.

“Es un paso importante para el país porque va a promover la reducción de residuos, la creación de empleos verdes, y una integración en la economía, tanto productiva como comercial. Costa Rica necesita un marco legal y este proyecto de ley será el primer paso para instituir la economía circular en el país”, dijo Manuel Morales, uno de los diputados que impulsa la propuesta.

Minimizar la generación de residuos mediante las alianzas público-privadas será de suma importancia para consolidar este modelo de producción, para lo cual la rectoría de la economía circular estaría en manos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Para poder despegar la idea, se propone el desarrollo de líneas de crédito y financiamiento verde para todos los proyectos relacionados con economía circular.

“Este proyecto pretende cambiar el esquema tradicional en la economía de este país, la economía en estos momentos se plantea de manera lineal y consideramos debe ser circular, de tal manera que el enfoque esté más dirigido a la protección del medio ambiente”, dijo el legislador Óscar Izquierdo, también proponente.

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Los incentivos de la iniciativa están relacionados con créditos fiscales aplicables al pago anual sobre el impuesto de la renta, con un límite máximo del 25% del monto a pagar del tributo, así como aplicar la depreciación acelerada de los activos en poder de la persona jurídica, para efectos de deducción de la renta bruta.

Para ello se deberá demostrar que al menos el 50% de los insumos productivos provienen de subproductos o de residuos recuperados o reparados por ellos mismos o por terceros y que se incorporaron en sus procesos productivos como materias primas.

Uno de los puntos llamativos de la propuesta es que los establecimientos comerciales que vendan alimentos y productos de consumo humano no podrán destruir o desechar sus excedentes o productos no vendidos.

Estos excedentes generados por los comercios deberán ser transformados, reutilizados, reciclados, compostados o donados.

La propuesta fue elaborada de manera conjunta entre los legisladores Manuel Morales y Óscar Izquierdo, con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Debemos poner fin a un modelo de producción de carácter lineal que ha generado mucho desperdicio y ha agotado los recursos”, dijo José Vicente Troya, Representante Residente del PNUD para Costa Rica.

Lo cierto es que ya sea desde el gobierno, con la Estrategia Nacional, o desde el Congreso, con la propuesta de ley, Costa Rica busca dar pasos acelerados en esta materia y posicionarse como un líder en economía circular, innovación y sostenibilidad en Latinoamérica.