Carlos Denton

Carlos Denton

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Miércoles 10 Enero, 2018

Costa Rica: ¿régimen autoritario?

Afortunadamente Costa Rica no ostenta un régimen autoritario y la prueba es que en el país se puede legalmente cuestionar y criticar a cualquier “figura pública” en ejercicio, incluyendo el Presidente de la República, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de las “Salas” de la Corte Suprema, los legisladores, los burócratas y sus líderes sindicales. Incluso se puede cuestionar y criticar a los candidatos a los puestos públicos.

Pero poco a poco se va infiltrando el autoritarismo y la libertad se va perdiendo y se citan dos ejemplos. Lamentablemente la mayoría por su formación cultural no está en capacidad de confrontar y poco a poco va cediendo frente a los abusos de los funcionarios que se han organizado para exigir cada vez más beneficios. Si tienen recursos, en vez de organizarse y exigir que la escuela pública donde asisten sus niños ofrezca enseñanza de calidad, los sacan y los colocan es centros privados. Los educadores tienen su sindicato que protege y se solidariza con los mediocres, mientras que los padres tienen que aceptar, o trasladar sus hijos.



Los ciudadanos no se atreven a marchar exigiendo un servicio médico adecuado de la Caja y los empresarios, en vez de presionar y luchar contra la burocracia, pagan extra para tener un médico presente en sus instalaciones.

Pero después de décadas de estar adormecidos frente a esta invasión autoritaria, el mal servicio y el poco rendimiento del sector público es tema de reuniones entre amigos, en familias y ni hablar de las redes sociales donde la ira se ventila quizás porque es más impersonal. Ya el cuento de los líderes sindicales que los funcionarios públicos son pobres y oprimidos se percibe como risible y cada vez más crece el resentimiento. En contraste al logo de una famosa cadena de supermercados, el sector público es percibido como especializado en dar “menos por más.”

La falta de interés en la campaña política electoral actual es producto del hecho de que casi nadie cree que habrá cambio como resultado del ejercicio. Ya es tan fuerte la burocracia que los empleados pueden ignorar la opinión pública y hacer lo que les da la gana que en muchos casos es “no servir.”

Llama la atención, entonces, que ahora en la campaña electoral cuando Juan Diego Castro reprochó la gestión del presidente del TSE, Antonio Sobrado, varios de sus contrincantes lo criticaron diciendo que se comportaba como si tuviera el país un régimen autoritario. Otto Guevara, supuestamente un libertario, acusó a Castro por “dinamitar” la institucionalidad estatal.

El francés François-Marie Arouet (conocido como Voltaire) dijo “estoy en desacuerdo con lo que usted ha dicho, pero defenderá hasta la muerte su derecho de decirlo.” El Pacto de San José de 1969, ratificado por el Gobierno, establece la libertad de expresión como un derecho fundamental.

Ojalá que por el resto de esta campaña no haya tapujos ni bozales. Que digan los ciudadanos lo que quieran e igual los candidatos. Este es un país libre.