Costa Rica impulsa investigación en bioplaguicidas para una agricultura más ecológica y saludable

Costa Rica es reconocido a nivel mundial por ser un país verde y ambiental, sin embargo, uno de sus principales lunares en temas ecológicos es la cantidad de uso de agroquímicos en la agricultura.

No por casualidad varios estudios ubican a Costa Rica como el número uno en uso de plaguicidas a nivel mundial, lo que ha provocado casos de contaminación de nacientes de agua, como el de Cipreses de Oreamuno, en Cartago, con el clorotalonil.

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Por este motivo, investigadores costarricenses trabajan desde los laboratorios en la búsqueda de desarrollar bioplaguicidas, y por medio de proyectos privados o estatales formular alternativas para la agricultura.

Prueba de ello es el Laboratorio de Control Biológico del Centro de Investigación en Biotecnología (CIB) del Tecnológico de Costa Rica (TEC), que desde hace 15 años desarrolla métodos y tecnologías basadas en microorganismos para la sustitución de plaguicidas y fertilizantes sintéticos.

“Es utilizar microorganismos para la sustitución de plaguicidas, basados en microorganismos formulamos opciones o productos tecnológicos que van a sustituir a determinados plaguicidas, entonces algunos de los productos que hacemos tienen un uso como fungicida, bactericidas, insecticidas y algunos fertilizantes, para sustituir los fertilizantes sintéticos que están hechos a base de petróleo, pues nosotros usamos microorganismos para lograr efectos similares en la planta”, dijo William Rivera, profesor e investigador de Control Biológico.

Una de las mayores gratificaciones es que convierten a los microorganismos en nuevas tecnologías, es decir productos que pueden ser licenciados y hasta comercializados, ayudando al ambiente.

Lo que hacen es primero detectar un problema o enfermedad asociada a una planta que realice un control con plaguicidas altamente tóxicos, posteriormente aíslan a microorganismos con la enfermedad o plaga, se prueba en laboratorio y si funciona se lleva a invernaderos para probarlo en el campo.

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Todas estas investigaciones llevan varios años, por lo que necesitan de inversiones privadas o públicas para poder desarrollar estos proyectos.

“Nosotros tenemos una dinámica de interacción muy fuerte con el sector privado, sin duda alguna somos un laboratorio que está muy unido y obtenemos fondos privados, pues para el desarrollo de investigaciones normalmente en los laboratorios, dependemos mucho de fondos públicos o de concursos internacionales y nosotros también trabajamos mucho con empresa privada, agregó Rivera.

Hasta la fecha han trabajado con asociaciones de agricultores, pymes, cooperativas y hasta transnacionales en el desarrollo de estos productos y aseguran que tienen una gran cantidad de solicitudes de grandes compañías para generar los bioplaguicidas.

Sin embargo, temas administrativos y de legislación generan trabas para un mejor avance de la producción de estos bioplaguicidas, tal es el caso de la regla fiscal que reduce las opciones de utilizar recursos para inversiones y el reglamento del registro de plaguicidas microbiológicos.

“Es paradójico que en teoría las universidades tengan una cantidad muy grande de dinero en certificados y no lo puedan usar. Es paradójico que, por ejemplo, se consigan una cantidad grande de recursos generados por las mismas universidades que tampoco se puedan usar tan fácil (…) esta parte legal y reglamentaria es algo que va a incidir mucho”, dijo Miguel Rojas, profesor e investigador del TEC.

Por este motivo, hacen un llamado a las autoridades nacionales a que se realicen cambios en el reglamento de registros y que se evalúe una modificación a las restricciones que provoca la regla fiscal.

Los investigadores están seguros de que Costa Rica tiene la capacidad de ser en un referente centroamericano en este tema y convertir al país en un Centro de Desarrollo de productos biotecnológicos y microbiológicos.

Durante los últimos cinco años, el consumo de bioinsumos ha aumentado un 20% cada año y las aplicaciones realizadas en Costa Rica alcanzan un valor de $50 millones anuales, según estimaciones del CIB.