Contagio

Hablando claro

Contagio

Vilma Ibarra

Decir que el Poder Ejecutivo pasa por su mala hora en cuanto a percepción e imagen pública no es nada nuevo. Que las ilusiones y esperanzas que la apuesta democrática logró levantar con el proceso electoral de 2006 han quedado sumidas en un ánimo colectivo desinflado respecto de las expectativas generadas —tanto por la mala fortuna de las vacas flacas de la economía mundial, como por el desafortunado manejo de las controversias surgidas en torno a temas tan diversos como las asesorías, las relaciones con China y sus condicionamientos y hasta las propias decisiones locales del manejo económico— no es más que lo que oímos todos los días.

El Ejecutivo se enredó en sus mecates. Decidió optar por una estrategia a la defensiva y perdió valiosas oportunidades en las que pudo haberles dado vuelta a las circunstancias.

Desgraciadamente lo sucedido en todos estos meses no ha ayudado a la necesaria restitución de la fe y la confianza ciudadana. Y eso afecta a la democracia.

Pero todo eso —repito— no es nada nuevo. Como tampoco lo es el que cada gobierno que pasa por un aro de este tipo encuentre la explicación a todos sus males en un problema de “comunicación”.

A mí lo que realmente me llama la atención es el contagio de mala imagen y percepción, de decisiones erráticas primero y tardías después que padece nuestro Poder Judicial. Y es que a falta de buen olfato político y una buena (e imprescindible) estrategia de su imagen como columna vertebral de la institucionalidad democrática, nuestros magistrados (lamentablemente hablamos de ellos todos como cuerpo colegiado aunque sus decisiones han distado mucho de la unanimidad) no supieron sortear adecuadamente la onda expansiva del sismo provocado en Zapote por el asesor presidencial ad hoc y magistrado suplente don Federico Sosto y cuando finalmente, decidieron pedirle que dignamente renunciara al cargo, ya era tarde.

Y como si esto fuera poco, en medio de una verdadera convulsión política y un sentido de la inoportunidad y la inconveniencia socio económica nacional que es visible para todos (o para casi todos), la Corte Plena adopta por mayoría un acuerdo de jugoso aumento salarial para 46 altos cargos que deja en firme en la misma sesión que lo aprueba...

No se trata de si el aumento era justificado o no. Incluso podríamos asumir que es totalmente justo y necesario. Pero justo no quiere decir oportuno. Legal no quiere decir conveniente, viable o éticamente procedente.

Al final, por la presión de los jueces, de muchos otros profesionales y técnicos de la misma institución y por supuesto por las réplicas en los medios de comunicación, los señores dan marcha atrás en su acuerdo firme y deciden suspender el incremento, hasta que se pronuncien al respecto la Procuraduría y la Contraloría.

Lamentable. Sin ninguna necesidad. Gratuitamente, la Corte Plena está afectando su credibilidad. Un verdadero contagio.

Por suerte, la Sala Constitucional saca la cara por la institución...