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Constituyente inicia funciones en Ecuador

| Viernes 30 noviembre, 2007



Constituyente inicia funciones en Ecuador

Montecristi, Ecuador
EFE

La Asamblea Constituyente de Ecuador inició ayer sus funciones en la localidad de Montecristi, donde se redactará la vigésima Carta Magna de la historia del país, bajo la hegemonía del movimiento oficialista Alianza País.
Con la instalación de la primera sesión de la Constituyente, cuya creación fue aprobada en un plebiscito el pasado 15 de abril, echó a andar la propuesta del presidente Rafael Correa para transformar el ordenamiento jurídico de Ecuador.
En el primer día de la Asamblea, Correa y el vicepresidente Lenin Moreno cumplieron con su compromiso de poner los cargos a disposición de ese órgano al que confieren una supremacía sobre los otros poderes del Estado, incluido el Congreso.
Correa y Moreno instaron a las autoridades de los otros poderes a seguir su ejemplo y señalaron que su decisión no se trata de un "capricho", sino una contribución a "a la reestructuración del régimen jurídico y político de la nación".
Cuando los ecuatorianos aprobaron la convocatoria de la Constituyente, Correa prometió "enterrar" a la "partidocracia", como llama a los grupos políticos tradicionales de derechas, con las armas de la democracia y lo concretó en las elecciones del pasado 30 de septiembre, cuando su movimiento se hizo con 80 de los 130 escaños de la Asamblea.
Alberto Acosta, uno de los fundadores de Alianza País, el candidato más votado en la elección de asambleístas, fue elegido ayer presidente de la comisión directiva de la Constituyente.
Acosta llegó a ese cargo no sólo con la ayuda de Alianza País, sino de otros grupos de izquierdas y de los de la oposición.
Pese a la abrumadora mayoría de la oficialista Alianza País, la pugna de poderes que se ha abierto en el país es evidente.
Se prevé que la Asamblea, revestida de plenos poderes, cese en sus funciones al Congreso, que estaba dominado por la oposición y que desde el martes pasado se encuentra en un receso voluntario.
Los diputados, que su mayoría se niegan a dejar sus escaños, incluso han amenazado con recurrir por la posible disolución del Congreso ante organismos internacionales.