Competitividad país y seguridad jurídica están en riesgo por doble imposición tributaria

La doble imposición tributaria que aplicará el Ministerio de Hacienda a la banca y las empresas domiciliadas en Costa Rica que obtienen ganancias fuera del país, se traducirá en una pérdida de competitividad y seguridad jurídica, según diputados y abogados especialistas en materia tributaria.

Para evitar un cobro doble de renta, lo ideal sería firmar tratados fiscales internacionales, según Mario Hidalgo, socio de impuestos y legal de Grant Thornton.

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“Es un tema muy sensible ya que los bancos fueron los primeros conejillos de indias en este ejercicio de la administración tributaria, porque a ellos, se les dijo que se les cobrará impuestos por los dineros que coloquen afuera o que presten afuera. Para hacienda, estas inversiones se pueden gravar porque el capital semilla salió de Costa Rica y al estar el dinero colocado afuera, los rendimientos de esos recursos están gravados también en el país. El problema, es que la administración tributaria no se ha quedado ahí, sino que lo quieren extender a otras entidades que no son financieras”, agregó Hidalgo.

La otra opción, que de hecho ya impulsan los diputados del Partido Liberal Progresista y la Unidad, es aprobar un proyecto de interpretación auténtica de la ley sobre el Impuesto de la Renta y con ello, reafirmar el deseo de los legisladores de la época de definir el concepto de “territorialidad” sin creatividades tributarias.

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“La interpretación de Hacienda lo que genera es una gran incertidumbre, una inseguridad jurídica que lesiona la inversión extranjera y nacional, así como a los emprendimientos que pueden ser sometidos al pago de renta por ganancias fuera de Costa Rica y eso no lo debemos permitir (…) Vamos a trabajar en una interpretación auténtica de la ley, con el objetivo de que quede claro el término de territorialidad que buscó el legislador de ese entonces”, dijo Daniela Rojas, jefa de fracción de la Unidad.

La alerta se generó tras un fallo de la Sala IV en torno al concepto de territorialidad y que afectaría los intereses de los bancos privados.

A partir de ahí, el Gobierno, “con inusitada voracidad fiscal salió a escena raudo y veloz”, para cobrar impuestos sobre ganancias generadas fuera del territorio nacional, indicó Eli Feinzaig, legislador por el Partido Liberal Progresista.

“No cabe interpretación cuando la ley es tan clara: son actividades lucrativas de fuente costarricense las desarrolladas en el territorio nacional. La Sala, sin embargo, ha concluido que son gravables con el impuesto sobre la renta las generadas fuera del territorio nacional por empresas domiciliadas en el país (...) Sigue este país sin entender que la simplificación tributaria y disminución de impuestos es parte del camino hacia la reactivación económica, atracción de inversión nacional y extranjera, creación de nuevas fuentes de empleo y reducción de la pobreza”, agregó Feinzaig.

Otro aspecto relevante que señalan los expertos, sería la dificultad que tendría el gobierno para conocer las inversiones que hacen las empresas fuera del país.

En ese sentido, se trataría de una especie de “renta mundial hechiza o disfrazada”.

“Nuestras normas centroamericanas son, en su mayoría, de renta territorial, por lo que no es normal considerar instrumentos de acreditación de impuestos retenidos en otras jurisdicciones. Nuestra norma tampoco lo contempla. Para que los “ticos” nos evitemos una doble imposición, Costa Rica debería firmar Convenios para evitar la doble imposición con al menos estos países y sus principales socios comerciales”, dijo Eduardo Rodríguez de Grupo Camacho.