Colombia busca reducir esquemas de seguridad en medio de la paz
Según Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, los funcionarios del Gobierno no necesitaremos tanta seguridad como antes. Bloomberg/La República
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Frente a los mejores restaurantes de Bogotá a menudo hay vehículos utilitarios deportivos blindados y guardaespaldas armados de pie vistiendo trajes oscuros, mientras los legisladores, ministros y jueces a quienes custodian comen en los establecimientos.

Esta característica de la vida en Colombia pronto será menos habitual si el Gobierno se impone. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, busca recortes del 50% en las escoltas de seguridad de funcionarios de Gobierno tras el acuerdo de paz alcanzado el año pasado con los guerrilleros marxistas.

Los insurgentes “van a entregar sus armas este año, por lo que es razonable para mí que los funcionarios del Gobierno no necesitemos tanta seguridad como antes”, dijo Cárdenas el miércoles en una entrevista en la oficina de Bloomberg en Nueva York.

Es una primera entrega de un dividendo de la paz después que el Gobierno firmara el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dando fin así a medio siglo de conflicto con el mayor grupo guerrillero de América Latina.

Surge en momentos en que el Gobierno busca eliminar derroches donde pueda, después que los ingresos menguantes por el petróleo dejaran un gran hueco en sus cuentas. Cárdenas dijo que los recortes de seguridad, como su decisión de volar en clase económica en vez de hacerlo en clase ejecutiva, procuran comunicar que Colombia ha entrado en una era de austeridad.

En el apogeo de la violencia de los carteles de droga en la década de 1980 y comienzos de la década de los años 90, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados, así como un ministro de Justicia, un destacado editor de diarios y otras figuras reconocidas.

Después que Pablo Escobar, líder de uno de los carteles, fuera muerto a tiros en el techo de una casa en Medellín, la violencia contra figuras políticas se volvió menos común, y Cárdenas y otros han concluido que las sumas gastadas en la protección de autoridades ahora son desproporcionadas con respecto a la amenaza que encaran.


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