Colapso de Sala IV atrasa cinco años la resolución de una acción que afecta nueva vía a San Carlos
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional reconoció que ese es “un tribunal colapsado”
Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La saturación de la Sala Constitucional impide a los magistrados resolver una acción presentada en 2016 y que afecta un tramo de la nueva carretera a San Carlos.
Así lo reconoció Fernando Castillo, presidente de esa Sala, quien aseguró que apenas están sacando temas sensibles de 2014, para luego concentrarse con los de 2015 y 2016.
A su vez, reconoció que la Sala Constitucional es “un tribunal colapsado” que tiene que resolver a diario asuntos sensibles, a lo que se suman hábeas corpus y asuntos de salud, que dificultan poner al día la agenda.
Castillo responde así la petición que hicieran los sancarleños recientemente, ofuscados porque cinco años después de que se presentara la acción de inconstitucionalidad, los magistrados aún no la hayan discutida.
Este trámite es vital para el futuro del proyecto porque de resolverse el reclamo a favor, obligará a la administración a definir un nuevo trazado, en una zona bastante complicada.
Lea más: Cinco razones por la cual la carretera de San Carlos no está después de 15 años
Mediante la denuncia ambiental, se procura evitar que la nueva carretera impacte un humedal, conocido como La Culebra, ubicado en el trazado que se contempló.
La administración defiende que ese es el diseño más acorde, pues los otros que se habían analizado impactaban una comunidad y un cementerio, lo que implicaba en un atraso y costo mayores.
En cambio, la propuesta establecida, aunque genera un impacto al ambiente, contempla medidas de mitigación, apegadas a lo que facultan los acuerdos internacionales suscritos por el país, defiende la administración.
Tener claridad sobre la legalidad o no de impactar y remediar el daño en el humedal es lo que piden a los magistrados los representantes de la Asociación Pro Carretera y de la Defensoría de los Habitantes, entidad que los acuerpó en la lucha por tener una pronta carretera más segura y ágil que la actual.
“La pronta resolución de este litigio, a nivel judicial, constituye un eslabón imprescindible para que tal proyecto pueda desenmarañarse y ser una realidad en pro de los derechos y libertades de la población”, consideró Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.
Y es que darles más largas a este tema podría afectar el programa de obras establecido por el gobierno para terminar este camino, el cual establece que los trabajos para completar esta obra iniciarán en febrero de 2023.
