Alberto Cañas

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Sábado 12 Noviembre, 2011


CHISPORROTEOS


Ha hablado la prensa en estos días, de que en círculos de diputados se ha comentado la idea de solicitar al Poder Ejecutivo que envíe a la Asamblea, para su aprobación por ella, cierto contrato administrativo cuya identificación no necesito hacer ni hace falta para que la noticia, que no ha sido desmentida, me tenga brutalmente alarmado.
La aprobación legislativa de los contratos fue idea de las compañías extranjeras (me parece que de la United Fruit), no de nuestros gobiernos. El texto de un contrato aprobado por el Legislativo se convertía en ley de la República. Una vez convertido en ley de la República, ninguna compañía accedía a renegociarlo aunque el gobierno se empeñara, pues la ley estaba de su parte.

El último contrato de esos que fue convertido en ley de la República fue el de ALCOA, que tanto y con tan poca suerte fue combatido por los estudiantes de 1969 y 1970 en la calle.
Y así fue hasta que se conoció la tesis de licenciatura que presentó en la Escuela de Derecho de la UCR Paul Woodbridge, en la cual demostró que la aprobación legislativa de los contratos solo favorecía a los contratistas y jamás a Costa Rica. La publicación de esa tesis causó sensación y la administración de Daniel Oduber, basándose en ella, anunció que el gobierno de Costa Rica no volvería a someter un contrato (asunto administrativo si los hay) a la aprobación del Poder Legislativo para poder tener la facultad de renegociarlo cuantas veces fuese necesario, sin que la renegociación significara reformar una ley y gestionar la aprobación de ella por la Asamblea Legislativa.
Desde entonces, ningún gobierno costarricense ha vuelto a solicitar que un contrato se convierta en ley. Por supuesto, numerosas compañías extranjeras han gestionado que sus contratos se sometan a aprobación legislativa, pero ningún gobierno desde el de Oduber les ha hecho caso, y esa es una de las pocas cosas en que el Estado costarricense todavía tienen libertad de acción. Ojalá no haya suficientes diputados para llevar a cabo el poco patriótico disparate de que volvamos a tener contratos leyes.
Por amor de Dios, señores diputados, no conviertan en leyes los contratos administrativos. Reservémonos los costarricenses el derecho de exigir la renegociación de cualquier acuerdo a que un gobierno (que podría ser un gobierno corrupto) llegue con un particular.
Por este medio le aviso don Victor Valembois que recibí su mensaje, pero mi computadora no acepta la dirección suya que me comunicó. Estoy a sus órdenes en el teléfono 2225-0980.

Alberto F. Cañas