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La palabra "plebiscito" tiene fuerza en Chile: en 1988, fue un referéndum el que selló la salida del general Augusto Pinochet del poder que había tomado por las armas en septiembre de 1973.
Este 25 de octubre del 2020, un nuevo plebiscito decidirá si la Constitución de 1980, redactada y aprobada bajo el régimen militar del mismo Pinochet, sigue o no siendo la Carta Magna de la nación sudamericana.
Es la primera vez en la historia de Chile que se pregunte a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución.
Casi 15 millones de personas están habilitadas para responder "apruebo", dando luz verde al proceso constituyente o "rechazo", dejando la institucionalidad tal cual está.
El plebiscito -inicialmente programado para el 26 de abril, pero postergado por la pandemia de coronavirus- es el resultado de un amplio acuerdo firmado en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre, en medio de una serie de protestas y manifestaciones pacíficas, pero también reiterados desórdenes públicos que siguieron al estallido social del 18 de octubre.
Ese día, 20 estaciones del tren subterráneas fueron dañadas o incendiadas -sin que se haya identificado aún a los autores- y se generó una ola de protestas a las que el gobierno respondió con un decreto de estado de emergencia y toque de queda.
Miles de personas siguieron saliendo a las calles en distintas ciudades bajo consignas como "Chile despertó" o "Hasta que la dignidad se haga costumbre", dando cuenta de una honda fractura política y social en una de las democracias más estables de Sudamérica desde 1990.
El plebiscito se responderá en dos papeletas.
"¿Quiere usted una Nueva Constitución?", preguntará la primera cédula. Las opciones serán "apruebo" o "rechazo".
Independiente de si votan "apruebo" o "rechazo", los y las votantes deberán elegir qué tipo de órgano debería hacerse cargo de una nueva ley fundamental para el país.
Las tres Constituciones que han regido en Chile a partir de 1833 han sido diseñadas por comisiones: de ganar el "apruebo", se tratará de la primera vez en casi dos siglos que el país encomienda esta tarea a un grupo colegiado elegido por votación popular.
"¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?", se leerá en la segunda papeleta. Las opciones son: "convención mixta constitucional (integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio)" o "convención constitucional (integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente)".
De ganar el "apruebo" y la "convención mixta", el Congreso Nacional elegirá en forma interna 86 personas en el Parlamento para redactar la nueva ley fundamental de la nación. Otros 86 cupos se dividirán en forma paritaria en una elección directa.
De ganar el "apruebo" y "convención constitucional", no participarán representantes del Congreso y se escogerán 155 representantes, mitad hombres y mujeres, a través de elección directa. De ganar esta alternativa, se trataría del primer órgano paritario que redactaría una Constitución en el mundo.
En ambos casos, se contempla una cuota de escaños reservados a pueblos indígenas, aunque el Congreso aún no define cuántos ni cómo se elegirán.
El referéndum de este 25 de octubre funcionará como "plebiscito de entrada" al proceso constituyente.
De triunfar la opción "rechazo", el proceso se dará por terminado y la reformada Constitución de 1980 seguirá vigente.
De ganar la opción "apruebo", el país volverá a las urnas el 11 de abril de 2021, para elegir a quienes integrarán ya sea la convención mixta o la constituyente, según el resultado del plebiscito.
En cualquiera de sus dos formas, la convención que redacte el texto fundamental se constituirá en mayo de 2021.
Sólo las normas aprobadas por 2/3 de sus integrantes se incluirán en la nueva Carta Magna. Si no hay acuerdo en una materia, ella se regirá por una ley regular. La discusión se hará sin un anteproyecto. Por eso se habla, para bien y para mal, de un trabajo a realizar sobre una "hoja en blanco" y que sólo incluirá aquello que tenga un 67% de apoyo en la convención.
El texto final que redacten se enfrentará a un "plebiscito de salida" o ratificatorio, con voto obligatorio, que se realizará 60 días después de su elaboración, durante el segundo semestre del 2022.
"Todo está súper regulado. Es un proceso que no tiene vacíos. Surgirán problemas imprevistos en el camino, pero hay mucha certeza, mucho más que en otros procesos constituyentes: todo está muy detallado", asegura a BBC Mundo la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss autora del libro "Por qué necesitamos una nueva Constitución".
Si es aprobada en el referéndum final, la nueva Ley fundamental entrará en vigencia de inmediato derogando automáticamente la anterior.
De ser rechazada, la Constitución de 1980, reformada decenas de veces bajo los gobiernos democráticos y redactada hace más de tres décadas bajo un régimen militar, seguirá rigiendo los destinos de Chile y su modificación dependerá de la iniciativa presidencial, los llamados "súper quórum" de hasta 66% del Parlamento, y el firme control del Tribunal Constitucional vigente.
La campaña electoral por el referéndum se ha vivido en Chile desde el 26 de agosto.
Una franja electoral televisiva gratuita expone los argumentos de cada opción. El gobierno de Piñera se declara prescindente, y cuenta en su gabinete con figuras que se han expresado tanto a favor del "apruebo" como del "rechazo".
Quienes favorecen el "rechazo" argumentan, entre otros planteamientos, que el país no necesita dar "un salto al vacío" cambiando la Constitución bajo la cual Chile logró estabilidad y el crecimiento económico.
Quienes apoyan el "apruebo" aseguran que el desarrollo de Chile ha generado persistentes niveles de desigualdad, y que la actual Constitución de 1980 impide cualquier cambio sustancial al sistema diseñado bajo el régimen militar, que favorece la provisión privada y segmentada por ingresos de bienes sociales como la salud, la educación y las pensiones.
Entre los principales partidos de gobierno, la UDI -fundada por uno de los redactores de la actual Constitución, Jaime Guzmán- apoya el "rechazo", mientras que en Renovación Nacional, el partido de Piñera, hay apoyos para ambas opciones; tanto "apruebo" como "rechazo".
En medio de la pandemia del covid-19, el Servicio Electoral diseñó un protocolo sanitario especial para el referéndum, que incluye un horario especial preferencial para mayores de 60 años y el uso de cámaras sin cortinas para marcar el voto. El uso de mascarilla es obligatorio y se recomienda llevar un lápiz azul pasta para votar.
Aunque el voto es voluntario en Chile, habrá quienes no podrán ejercerlo: las personas contagiadas de covid no pueden participar del proceso, pues no se coordinaron las medidas que les permitieran votar sin romper la cuarentena.
"En las próximas etapas eso no puede volver a pasar", afirma Heiss. "Porque la covid va a seguir. Hay que hacer una reforma electoral que, de forma transitoria, debería permitir algo para que esas personas contagiadas también puedan votar. El bien superior a proteger es el derecho a voto".
Ante una participación electoral que ha ido a la baja en Chile en las últimas elecciones (49% participó en la segunda vuelta que llevó a Piñera a la presidencia por segunda vez en 2017) el gobierno ha asegurado que "no hay quórum mínimo" ante el plebiscito.
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