Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 22 Junio, 2011


PIZARRON
Castigar a los asesinos uniformados


La autopsia realizada al privado de libertad Joehl Araya confirmó que en la cárcel de La Reforma fue asesinado brutalmente por quienes lo custodiaban, lo cuidaban, lo tenían encerrado en celda de máxima seguridad, por quienes tenían que velar que permaneciera con vida por el tiempo de su condena, en una celda sin acceso público, restringida solo a quien la habita y a los custodios de esa sección penitenciaria, una celda incomunicada con las otras de esa sección, más que por la pared que comparten, y cuyos detenidos ni siquiera pueden compartir momentos en conjunto porque solo se les permite disfrutar espacios, de ese lugar, por una hora al día solitariamente.
Joehl Araya pocos días antes de su presuntamente premeditado asesinato se dirigió a la Sala Constitucional reclamando protección para su vida y advirtiendo de la situación de amenaza real a su integridad física que sufría, pues había sido amenazado de que se le mataría en prisión. La Sala IV que trabaja 24 horas al día no sabemos cómo actuó en su hábeas corpus y las gestiones que hizo para evitar su asesinato consumado pocas horas después de su petición. Sí sabemos que la Sala IV no actuó a tiempo, ni ordenó que la medicatura forense de la Corte realizara una inspección sobre la situación de este detenido y los de esa sección penitenciaria, donde pareciera entrenan en vivo a ciertos policías en el maltrato y torturas de personas detenidas, como parte de su educación y formación policial en modo real, no en pizarras, ni con vídeos ni solo en teoría.
El asesinato fue realizado en cuadrilla, por una banda organizada de custodios, de policías del penal, que tienen acceso a esta sección, porque no todos la tienen, una cuadrilla, del sistema penitenciario, especialmente enviada para matarlo, a modo de un escuadrón de la muerte, organizado o en preparación de poderlo usar para otros menesteres similares.
No es la primera vez en la historia penitenciaria que se organizan actos delictivos de esta naturaleza para maltratar, torturar y eliminar detenidos, que a partir de su privación de libertad su vida está en manos del Estado, del gobierno de turno a través del Ministerio correspondiente. De modo que cuando se comete un crimen como este es el mismo Estado, Gobierno, Ministerio, y las autoridades a cargo, y en cierta forma hasta los mismos Tribunales de Justicia que lo condenaron, los que están comprometidos, salvo que se pruebe lo contrario.
Golpes en la cabeza con una vara policial fue el detonante final de su deceso, pero patadas, golpes y puñetazos en su cuerpo, algunos los tenía desde 15 días antes de su muerte, según la autopsia, abandono del herido golpeado por varias horas antes de su deceso, fueron parte de la ordalía a la que se le sometió en el desenfreno de las pasiones de estos custodios que se ensañaron con Joehl Araya.
El asesinato organizado y presuntamente premeditado, de este privado de libertad debe recibir la mayor sanción penal en quienes lo ejecutaron. No es solo el acto administrativo de dejar de trabajar para el Ministerio, es la obligación de llevarlos ante el Ministerio Público y castigarlos penalmente. Que no haya una situación fuenteovejuna en este caso. Se sabe cuáles eran los custodios asesinos que vestidos policialmente e investidos de la autoridad represiva carcelaria deben ser pasados a la orden de la Justicia, de lo contrario la exaltación de los derechos humanos que hacemos como país quedará escrita con letra de oro, pero en papel higiénico.

Vladimir de la Cruz