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A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales, el Partido Liberación Nacional (PLN) recibió una mala noticia que podría afectar sus intereses.
Y es que, esta mañana, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la oficina y la casa de la alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo.
La mujer también es candidata a diputada por el sexto lugar de Alajuela por el partido verdiblanco.
El caso está relacionado con presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, según las autoridades judiciales.
“De acuerdo con la investigación, se han presentado supuestas irregularidades en trámites relacionados con la asignación de contratos y licitaciones con proveedores externos del Gobierno local, así como la intervención y reparación de caminos y uso de maquinaria de manera irregular”, dijo la Fiscalía.
Los allanamientos se realizaron en la Municipalidad de Puriscal, el estadio y el plantel municipal, entre otros lugares.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Superior del PLN destacó que la mujer se apartó de la campaña a raíz de la investigación.
No obstante, su nombre sigue figurando en la lista de candidatos a diputados por el PLN en el TribunalSupremo de Elecciones (TSE).
“Mientras se esclarecen los hechos, la señora Iris Arroyo ha decidido apartarse de toda función activa dentro de la campaña. Esta decisión responde al compromiso del Partido Liberación Nacional con una práctica política seria y responsable, que rechaza los blindajes, respeta la labor de las autoridades competentes y evita la politización de los procesos institucionales”, dijo el PLN.
El partido político que lleva a Álvaro Ramos como candidato a la presidencia también señaló que el origen de la denuncia es parte de un conflicto interno.
“Nuestro actuar se rige por principios fundamentales: la presunción de inocencia, así como la responsabilidad política y la transparencia ante la ciudadanía. Hemos tenido conocimiento de que el origen de estas diligencias está asociado a un conflicto interno en la propia municipalidad. Precisamente por ello, consideramos indispensable que cualquier determinación se realice con base en hechos verificables y evidencia objetiva, sin instrumentalización política”, indicó
