Calidad, investigación y tarifas en U privadas

En los últimos días propuse varios criterios sobre importantes cambios necesarios en la actual regulación de la educación superior privada, con el afán de mejorar la calidad del servicio educativo y la relación entre los estudiantes, las universidades y la sociedad. Debido a que hubo algunas interpretaciones erróneas de mi propuesta, deseo aclarar tres aspectos.
Primero, como sucede en países desarrollados, la investigación que se otorgaría a las universidades privadas mediante concurso de méritos, abierto y transparente, la definiría el ente regulador, con base en los objetivos planteados por un Plan Nacional de Educación Superior Privada, el cual recogería las prioridades nacionales identificadas por el sector productivo, académico, estatal y civil.
Las universidades contarían con la colaboración técnica de al menos una universidad debidamente reconocida en su país de origen, con amplia reputación internacional en investigación, con el objetivo de fortalecer las competencias de las universidades costarricenses y fomentar los vínculos de cooperación internacional.
Segundo. Con respecto a las tarifas de la educación superior privada, la propuesta de ley solicita a las universidades firmar contratos que estipulen —con claridad— todos los aranceles, así como las políticas de aumento. Los tarifarios de las universidades estarían públicamente disponibles en la página web del ente regulador. La alternativa es que el Conesup siga controlando las tarifas sin criterio técnico alguno, como sucede hoy y reconoce así la Contraloría General de la República. Pretender controlar los precios en cualquier industria —incluyendo la educativa— produce ineficiencias en términos económicos, pero además provoca problemas con la calidad, así como la retracción de la oferta y la inversión en el sector.
Tercero. El costo de la educación de las universidades privadas es asequible si se compara con las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria; con las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar; con los costos de la educación superior estatal; o con los tiempos de recuperación de la inversión de los estudiantes, a la luz del incremento salarial que recibirían una vez graduados. Bajo ningún estándar, la educación es barata para los alumnos en situación de vulnerabilidad y exclusión.
Por eso, nuestra propuesta de ley dispone de fondos de Conape para el otorgamiento de préstamos blandos a una tasa de interés real igual a cero y garantizados por el Estado, para alumnos en los primeros tres quintiles de ingreso per cápita que quieran estudiar carreras acreditadas.
Los alumnos empezarían a pagar cuando su salario alcance un umbral mínimo de devolución obligatoria. Además, podrían concursar por al menos 2 mil becas completas para estudiar en carreras acreditadas en universidades privadas, con base en criterios de rendimiento académico y otras cualidades de liderazgo y servicio comunitario.

Silvia Castro
Rectora de ULACIT

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