Cada vez menos poder tiene Asamblea Legislativa

Es una combinación de factores que cada vez más disminuye al Primer Poder de la República. La manera en que se escogen a los diputados, en una papeleta con logos y nombres de partidos políticos que existen solo en el papel en su gran mayoría, garantiza que muchos realmente no saben a quienes o a qué representan. Entre los ciudadanos tampoco existe, como antes, el concepto de que “ese es mi diputado.”

No hay requisitos educativos formales o informales y es probable que muchos no conocen el contenido de la Constitución Política de la República. Tampoco hay programas educativos generales para ponerlos al tanto cuando elegidos de lo que deberían de hacer.

Una de las malísimas costumbres que ahora tienen los diputados, al no conocer la Constitución Política y sus implicaciones, es que mandan los proyectos de ley, después de aprobados en primera instancia, a la Sala IV para que este dictamine si contienen, según los magistrados, problemas constitucionales. Esta no es la acción de un Primer Poder independiente; en otras democracias se aprueben las leyes en la legislatura y entran en vigencia. Después si algún ciudadano o grupo encuentra que sus derechos han sido afectados pueden apelar a la Corte Suprema.

No es más evidente este problema entre los poderes que lo que ha evidenciado el manejo la Ley de Empleo Público de parte de la Asamblea Legislativa. Los magistrados, en vez de recusándose, han puesto todo tipo de obstáculos en el camino de esta legislación. Hablan de la independencia del Poder Judicial, pero al final de cuentas están opuestos porque perciben que esta ley recortaría los salarios, las extras y otros privilegios de los magistrados y otros funcionarios.

Frente a una situación donde el sector público, como un todo, gasta 50 por ciento de sus ingresos en salarios (la norma en países del OCDE es 25 por ciento) la llave clave del saneamiento de las finanzas estatales es limitar gastos exuberantes como algunos del Poder Judicial.

Si hubiera una mayoría de diputados con una concepción de lo que es un Poder Legislativo aprobarían la ley en segundo debate y lo mandarían al presidente para su firma. Los representantes del Fondo Monetario Internacional FMI verían la acción con buenos ojos y luego el Poder Judicial recibiría las apelaciones de los sindicatos del sector público y otros y pudiera dictaminar su opinión. Se pudiera desatar una pugna entre poderes, pero por lo menos los legisladores hubieran mostrado, como representantes del pueblo, que son capaces de actuar independientemente.

Con las elecciones del 6 de febrero hubiera sido positivo si la calidad de los postulantes a los puestos de diputado fuera mejor. Los que sirvieron en la Asamblea Legislativa en algún período previo por lo menos sabrán como comportarse y quizás recordarán algo de la Constitución Política; es dudoso que sepan a quien representan aparte de la idea del “pueblo”. Entre nuevos postulantes de partidos jamás vistos antes, si logran obtener un curul y ser juramentados no se puede esperar nada.