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Estamos muy necesitados de buena administración. Los recursos de la hacienda pública no solo se cuidan eliminando todo gasto superfluo, sino con otras medidas

Buena gestión, no política del miedo

La obligación de los gobiernos es administrar bien los dineros de la hacienda pública. Para ello, han de nombrar jerarcas con conocimientos, capacidad y actitud idóneos, dispuestos a cumplir con este mandato en las instituciones autónomas o descentralizadas y en el gobierno central.
Pero para que esto sea una realidad, además de lo anterior dichos jerarcas deberán obedecer directrices orientadas al beneficio de la población, no a ocurrencias destinadas a otros fines.
Lamentablemente, como es claro, así no es como ha funcionado el país desde hace muchos años y no hubo la voluntad política para enderezar el rumbo. En vez de ello se trazaron en más de una oportunidad estrategias para sembrar el miedo y obtener de ese modo una aceptación de la población a cosas que no se sostendrían mediante un serio análisis técnico y a la luz de las más sentidas necesidades de los costarricenses.
Ultimamente, el país vivió el capítulo del miedo al déficit fiscal. Sin embargo, hoy el propio Ministro de Hacienda dice que sucede algo rarísimo, surrealista, “el país cree que está mal, pero está bien”. Esto no es extraño. Apenas va saliendo la población del discurso del miedo al desequilibrio fiscal.
La verdad es que estamos muy necesitados de buena administración. Los recursos de la hacienda pública no solo se cuidan eliminando todo gasto superfluo, sino con otras medidas. Por ejemplo, efectuando bien las compras mediante sistema digital que garantiza mayor transparencia, algo que aún no se hace en casos como el de la Caja, a pesar de la urgente necesidad de ello que tenemos.
Pero también se ahorra acabando con la costosa duplicación de departamentos, secciones y puestos existentes en muchas entidades públicas. Duplicaciones que, por otro lado, tampoco eliminan las contrataciones de consultorías para evacuar asuntos que no están en capacidad de resolver los entes públicos a pesar de sus abultadísimas planillas.
Así mismo, muy importante, debe medirse el rendimiento de esos funcionarios, comparándolo con el del sector privado.
Todo esto y mucho más es lo que produciría un importante ahorro que equilibraría los ingresos con los gastos.
Solo después de una reestructuración así del sector público, muy anunciada pero nunca ejecutada desde hace décadas, eliminando los nombramientos por clientelismo político, podríamos analizar la verdadera necesidad o no de mayores impuestos. Y si correspondieran, nadie se negaría a colaborar con ellos ante la presencia de un Estado despolitizado, altamente eficiente, eficaz y transparente.
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