"Bank Of America” alerta que referéndum puede afectar los controles en el país
La propuesta de referéndum fue presentada por Chaves a la Asamblea Legislativa el pasado 5 de junio
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Martes 25 junio, 2024 02:28 p. m.
Los expertos de “Bank Of America” que acuñaron para Costa Rica la frase de “economía jaguar”, para referirse a las cifras positivas del país en materia económica, determinaron que el “referéndum jaguar” que promueve el presidente Rodrigo Chaves, afectaría las labores de control y de fiscalización de la Contraloría General de la República.
La aclaración, se da varias semanas después de que el mandatario iniciara una lucha sin cuartel contra Marta Acosta, contralora general por este tema.
Para los expertos de dicha organización, las labores de revisión del ente fiscalizador serían posteriores y no previos, por lo que se podrían generar casos de corrupción.
“Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no en quitarle a la Contraloría la facultad de revisar la legalidad de los contratos de compras públicas antes de su ejecución. De esta manera, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos una vez que se hayan realizado”, explicó la entidad bancaria.
La contralora prevé que, de aprobarse la “ley jaguar”, las instituciones contratarían obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar y sería imposible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.
El referéndum “jaguar” de Chaves se centra en tres temas muy importantes que cobija el cambio a la Contraloría, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
Este martes, los diputados confirmaron que esperarán la notificación de la sentencia de la Sala Constitucional para avanzar con el proyecto, contrario a lo informado ayer por la vicepresidenta Rosalía Brown Young, quien se encuentra supliendo en la presidencia a Rodrigo Arias Sánchez por razón de su incapacidad médica.
La propuesta de referéndum fue presentada por Chaves a la Asamblea Legislativa el pasado 5 de junio.
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