Avances de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial

Avances de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial

La Comisión Especial que estudia la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, dictaminó el jueves 27 de julio dicho proyecto de ley. Durante esa sesión se acordó también consultar el texto dictaminado a diversas instituciones, entre las que figura la Universidad de Costa Rica (UCR), que desarrolló el estudio actuarial contratado por el Poder Judicial con el fin de analizar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

El pasado viernes 18 de agosto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR remitió el criterio sobre los dictámenes de mayoría (texto aprobado por mayoría en la comisión) y de minoría (texto consensuado entre Corte Plena y los gremios) a la Comisión Especial. Comparto con ustedes algunos puntos relevantes del mismo.

Nos indica la UCR “que la propuesta que surge del Dictamen de Minoría no pasa una prueba rigurosa de solvencia actuarial”. Puntualmente afirma que el déficit actuarial podría ser de ¢3 billones si el aporte obrero se mantiene en un 11%, y de ¢1,7 billones, si ese aporte obrero se incrementa al 15%. Lo anterior bajo las demás condiciones que se indican en este dictamen:

• El cálculo de la pensión como el 85% del promedio de los últimos 120 salarios.
• 60 años para mujeres y 62 años para hombres para la jubilación ordinaria. No se establece una edad mínima para la jubilación adelantada o por servicio.
• Un tope de diez salarios base (¢4 millones aproximadamente).
• Una contribución solidaria del 20% sobre el exceso del tope.
• La cotización patronal del 14,36% que “se ajustará proporcionalmente conforme a los incrementos que la Junta Administrativa acuerde como aporte de los servidores y servidoras judiciales…”; y la estatal del 1,24%.
• Un reajuste de jubilaciones y pensiones que no depende del IPC que calcula el INEC sino “que ese monto se reajustará cuando el Poder Judicial decrete incrementos para los servidores y las servidoras judiciales por variaciones en el costo de vida”.
• La autorización a la Junta Administrativa del Fondo para que con los ingresos del fondo de pensiones realice operaciones de crédito.
• El transitorio que prorroga los beneficios de la ley vigente por diez años y que establece el beneficio o pensión como el 100% del salario promedio de los últimos 120 salarios.

En cuanto al Dictamen Afirmativo de Mayoría, el IICE recomienda algunas modificaciones, que a mi criterio, deben ser presentadas vía moción y acogidas en el seno de la comisión legislativa. Propone:

• Un aporte obrero único del 13%, en lugar de la escala diferenciada entre el 11% y el 15%; con un beneficio o pensión del 82% del promedio de los últimos 240 salarios, en lugar del 85%.
• Un transitorio que únicamente extienda los beneficios de la normativa vigente a quienes puedan pensionarse en los 18 meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley; y que por lo tanto, no prorrogue los beneficios decrecientes gradualmente por cinco años, como hoy lo indica la tabla incluida en este transitorio.
• No establecer la distinción por concepto de género, ya que en la jubilación por servicio o anticipada “se establece una diferencia de género análoga a la establecida en el régimen de IVM de la C.C.S.S.”.

Oportunamente estaré valorando la presentación de algunas modificaciones adicionales al proyecto de ley, relacionadas con habilitar la opción para trasladarse, voluntariamente, al régimen de IVM; y el establecimiento de una norma que prohíba el incremento del aporte patronal del 14,36%, con el fin de evitar una carga adicional al presupuesto nacional, financiada, eventualmente, por todos los ciudadanos.

Nuestra responsabilidad como diputados de la República es la de avanzar con la reforma planteada hasta su trámite final. La reforma al fondo de pensiones del Poder Judicial debe realizarse para su sostenibilidad. Tan necesaria y urgente es, que el mismo Poder Judicial es quien solicitó el estudio actuarial a la UCR para plantearla.

Estoy convencida de que el mayor legado que podemos aportar, tanto en justicia y equidad, en el régimen jubilatorio, como en la reducción del déficit fiscal, es la urgente aprobación de dicha reforma en el plenario legislativo.