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Las apelaciones que se han presentado a la adjudicación del proyecto de modernización de Puerto Caldera tienen el potencial de poner en riesgo la competitividad de Costa Rica y, de paso, encarecer los productos que se exportan y consumen en el país.
Es por ello que la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) hizo pública su preocupación.
En estos momentos, la Contraloría General de la República estudia dos reclamos contra la concesión otorgada al Consorcio Sunset.
El problema es que la actual operación portuaria vence el 25 de agosto de este año, por lo que el país deberá definir si se da una extensión.
“El factor decisivo es que el reloj procesal ya entra en la ventana crítica de apelación y, aun si la Contraloría resolviera en plazo ordinario, todavía quedan la formalización, la suscripción y las actuaciones posteriores. Por eso, la estimación razonada más prudente es que existen posibilidades reales de que el contrato no quede en vigencia en la fecha límite prevista”, explicó Rodney Salazar, presidente de CRECEX.
La Cámara insistió en que la modernización de Puerto Caldera es estratégica para el país. El proyecto, adjudicado al Consorcio Sunset, contempla una inversión estimada de $587,3 millones.
Según CRECEX, los problemas actuales de congestión y atrasos evidencian la urgencia de avanzar con la modernización. En 2024, los portacontenedores registraron tiempos promedio de espera de hasta 18,1 horas, mientras que en algunos meses las demoras superaron las 48 horas. En el caso de los graneles, el tiempo promedio de espera alcanzó las 223 horas.
“Costa Rica no puede permitirse incertidumbre en una infraestructura estratégica para el comercio exterior. El país necesita una transición ordenada, seguridad jurídica y decisiones oportunas que garanticen la continuidad del servicio y la modernización de Puerto Caldera”, indicó Salazar.
