GRANDES DESAFÍOS PAÍS A PARTIR DEL INFORME DE LA OCDE
Paulina Ramírez redaccion@larepublica.net | Lunes 27 febrero, 2023
Paulina Ramírez
Diputada
PLN
El 25 de mayo del 2021 Costa Rica asumió un enorme reto. Se convirtió oficialmente en el trigésimo octavo miembro de la OCDE, concluyendo con éxito un proceso de adhesión que comenzó en el 2015 y que introdujo importantes reformas para alinear nuestras prácticas con los estándares de la OCDE.
Esto se traduce en grandes oportunidades y beneficios para Costa Rica. No solo nos visibiliza en el mundo, sino también porque podemos intercambiar opiniones sobre nuestros desafíos socioeconómicos y políticos, y aprender de los demás países miembros.
En otras palabras, ingresamos a la OCDE para mejorar nuestras políticas internas, y parecernos más a aquellos países con los índices de desarrollo humano más altos, menos desiguales, más competitivos y con sistemas fiscales eficientes y robustos.
El reciente informe económico nos señala que enfrentamos desafíos importantes que ponen en riesgo nuestros logros y que limitan nuestra capacidad de mejorar la calidad de vida para todas las personas.
El alto costo de la vida está ahogando los bolsillos de las y los costarricenses. Costa Rica es cada vez más cara y menos accesible, pero el Gobierno se dio el lujo de no convocar, en las pasadas sesiones extraordinarias, ni un solo proyecto de ley que impactara sobre el costo de la vida, la reactivación económica y la generación de empleo.
El progreso en otras áreas, como educación o reducción de la pobreza, se ha estancado. De hecho, resulta contradictorio que el Presidente diga que este Gobierno está implementando acciones para luchar contra la pobreza, cuando al mismo tiempo no hay acciones concretas en las zonas rurales y costeras.
El estudio también nos dice que el desempleo y la informalidad siguen afectando a casi la mitad de la fuerza laboral. Esto nos enciende todas las alarmas para resolver una tarea al corto plazo: levantar la productividad con mejores oportunidades laborales y apoyando a las pymes con posibilidades de financiamiento real, generación de valor agregado en sus productos y transformación digital para sus negocios.
En relación con los señalamientos en materia fiscal, como bien sabemos, los primeros resultados de la Ley N.º 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se están empezando a ver hasta ahora. La regla fiscal y el IVA entraron en vigor por primera vez, y eso ha permitido mantener la disciplina fiscal, contener el gasto público y aumentar los ingresos.
En un contexto en el que presentamos una deuda pública del 63% del PIB y un alto costo en intereses por la deuda, mantener la prudencia fiscal es fundamental para no comprometer nuestras finanzas públicas. Incluso, la implementación plena de la regla fiscal es clave para asegurar una postura fiscal prudente y una dinámica sostenible de la deuda.
Con esto, no quiero decir que, después de dos años de su implementación, la regla fiscal no requiera de una revisión exhaustiva y cuidadosa. El FMI lo señaló y ahora la OCDE lo recalca. La regla fiscal ha sido esencial para que la OCDE celebre la situación actual de la economía costarricense, pero requiere modificaciones importantes para seguir asegurando una política fiscal sensata y en sintonía con la responsabilidad social a la que también nos debemos.
Otro hallazgo relevante es que la OCDE nos dice que los ingresos por los impuestos recaudados son bajos y se ven cada vez más disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal. Esto solo me pone a pensar en dos cosas: 1) La poca importancia que el Poder Ejecutivo le da al tema de la evasión y la elusión fiscal; y 2) La alta importancia de un proyecto como Hacienda Digital, ya que usa los datos para tomar decisiones ante la necesidad de facilitar el pago de impuestos, mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar la gestión de la deuda.
Este informe nos refleja que, como sociedad, se nos avecinan retos importantes. Los problemas que nos señala la OCDE no comenzaron hace unos meses, ni hace unos pocos años atrás.
Hoy, lo que corresponde es actuar sobre ellos porque la agenda de transformación que procura la membresía OCDE requiere de un aparato público que tenga condiciones para avanzar en sintonía con la voluntad de los acuerdos políticos y los mandatos legales.
Ahora, nuestra meta tiene que ser mejorar los indicadores de cara a las mejores prácticas internacionales y a la imagen que Costa Rica quiere proyectar en el mundo.