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Jueves 6 Julio, 2017

Ataquemos la enfermedad sin matar al paciente

Pablo Heriberto Abarca Mora
Secretario general
Partido Unidad Social Cristiana

El narcotráfico se ha convertido en una pandemia y la sociedad en su víctima. Para Costa Rica y resto del mundo la lucha contra el narcotráfico y los negocios que se derivan de esa ilegal actividad es una labor imperativa. Sin embargo, de la misma manera que esta lucha requiere instrumentos legales cada vez más eficientes ello no puede darse a costa de la regresión o la pérdida de las libertades individuales y los derechos económicos de las personas así como de la seguridad jurídica que caracteriza un verdadero Estado de Derecho. Digo lo anterior a propósito del proyecto de ley 19571: Ley Especial de Extinción de Dominio a fin de evitar que, en el afán por prevenir y curar la enfermedad, terminemos por matar al paciente y aplicando medicación a personas sanas.

Con claridad y contundencia debemos atacar las actividades ilícitas pero ello no puede convertirse en una disminución de la seguridad jurídica, ni de las garantías constitucionales. En ese sentido, es claro que el eje central de este proyecto debe ser que la carga de la prueba se mantenga del lado del Estado, con acusaciones debidamente elaboradas y con una aplicación procesal ajena a la subjetividad normativa y funcional, sino a una puesta en marcha basada en la literalidad de la ley, que conlleve una calificación inequívoca del tipo penal que corresponda.

El Estado debe procurar en esta materia afinar su mira a niveles telescópicos y ser proactivo en la detección de los síntomas a fin de prevenir la enfermedad y riguroso a la hora de combatirla en lugar de pretender disparar con escopeta para ver si entre todos los objetivos alcanzados había alguno que fuese, efectivamente, portador del virus. El narcotráfico no se combate como si fuera el zancudo portador del virus del dengue: con fumigaciones masivas como en Filipinas. No podemos acabar con el fundamento que nos permite vivir confiados en la certeza de “el que nada debe nada teme”.

La no retroactividad de la ley, la sentencia de un juez competente, los plazos bien establecidos, la demostración probada de la conducta perseguida deben ser criterios resguardados en la formación de la ley. En nuestro país no es aceptable fundamentar la lucha contra la delincuencia en aquello que Erich Fromm llamó: “colectivización forzosa”. La ley y la acción del Estado deben ser un ejercicio genuino y constante de la defensa del individuo y sus derechos y garantías. En la ley y en la acción del Estado para aplicarla deben primar la presunción de buena fe y el caso contrario debe ser probado y no ser la premisa.

La Asamblea Legislativa tiene un inmenso reto por delante: dotar al Estado y a la sociedad de las medicinas más sofisticadas y de última generación para librar con éxito la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas sin por ello destruir los fundamentos de constitucionalidad y legalidad que sostienen la estructura de la patria. Deben hacerlo con rigor y con cuidado.