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Cámaras protagonizan pulso sobre quién debe controlar el destino de $170 millones para las telecomunicaciones
Apertura genera choque empresarial
Industrias del software e infraestructura pujan por usar recursos en sus respectivas áreas

Los $170 millones que deben pagar las empresas América Móvil de México y Telefónica de España, por tomar parte en el mercado celular costarricense, han estimulado una fuerte puja entre empresarios de las telecomunicaciones para establecer en dónde se invertirán esos recursos.
Por un lado, los desarrolladores de software y contenido, representados por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) reclaman que esos recursos sean utilizados mayoritariamente en proyectos ligados a la educación y capacitación, los cuales estarían estrechamente relacionados con su sector.
En esta agrupación se encuentran agremiadas diversas compañías que prestan servicios relacionados con programas y aplicaciones especializadas, diseño de software, subcontratación, soporte técnico, call centers, telemercadeo y servicios varios para el sector educativo y consultores de negocios, entre otros.
Para que esto ocurra y sea más sencillo, apuestan a que la Rectoría del Sector de Telecomunicaciones sea trasladada al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual se encuentra liderado por Clotilde Fonseca, cuyas capacidades en el área educativa son reconocidas por los empresarios del ramo.
“La Presidenta (Laura Chinchilla) tiene la visión, conoce la importancia y la dimensión del impacto que puede lograr esta inversión para darle un golpe de timón al desarrollo de Costa Rica, eligió como Ministra de Ciencia y Tecnología a la ciudadana más competente y reconocida internacionalmente en esta materia, así que tiene un conductor de lujo para este proceso”, aseveró Alexander Mora, presidente de Camtic.
“Las condiciones políticas están dadas para integrar los planes nacionales de telecomunicaciones y de ciencia y tecnología, en una gran estrategia nacional digital”, agregó.
Pero por otro lado, las compañías cuya operación se basa más en el desarrollo en infraestructura, agrupadas en la Cámara de Infocomunicación y Tecnología no ocultan su interés en que una porción mayoritaria de los recursos sea invertida en el desarrollo de redes y en lo que tiene que ver con obras para mejorar la conectividad de las telecomunicaciones.
En este grupo existen grandes empresas de comunicación como Televisora de Costa Rica, Repretel, la mayoría de las cableras y las cooperativas de servicios públicos rurales.
Por ello, en su caso están de acuerdo en que un eventual traslado de la Rectoría no sería necesariamente lo más adecuado, y apuestan por mantenerla en el Ministerio de Ambiente y Energía, donde su jerarca, Teófilo de la Torre, tiene mayor roce con las compañías de telecomunicaciones.
“Creemos que estos fondos deben ser enfocados en primera instancia en infraestructura para atacar la brecha digital. El traslado a otro ministerio no garantiza que se respete la integridad de la Rectoría de Telecomunicaciones, estamos preocupados de que pueda sufrir cambios importantes”, mencionó Miguel González, director ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología.
Esta disputa deberá ser resuelta por los legisladores una vez que el proyecto de ley para eventualmente trasladar la rectoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología, sea discutido en el Congreso. Esto es algo que debería ocurrir antes de que los $170 millones ingresen a las arcas del Estado, lo cual se espera ocurra en la segunda mitad de este año.

Luis Valverde
[email protected]



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