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Martes, 15 de octubre de 2019



NACIONALES


Proceso de registro inicia en septiembre

Amnistía para pozos ilegales enfrenta a ambientalistas y Gobierno

Organizaciones estiman pérdidas de hasta ¢1.600 millones

Jeffry Garza [email protected] | Martes 13 agosto, 2019

Haydeé Rodríguez
“Para asegurar la gestión integrada del recurso hídrico es importante modernizar el marco legal con el que contamos, la ley de aguas de 1942 no responde a todas las necesidades actuales”, dijo Haydeé Rodríguez, viceministra de Agua y Mares. Cortesía Minae-elaboración propia/La República


La amnistía de seis meses de cualquier tipo de cobro para que explotadores de pozos ilegales los registren, avalada por decreto presidencial, genera división entre el Gobierno y grupos ambientalistas.

Los ambientalistas reclaman que se premien prácticas ilegales dañinas para los ecosistemas y que han causado la sobreexplotación del recurso hídrico.

Además, estima que el Gobierno estaría perdiendo ¢1.651 millones en cánones para el aprovechamiento de agua, que se pagan desde 2006, según la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon).

Lea más: Pérdidas por amnistía para pozos ilegales superarían los ¢1.600 millones

Dicha estimación se hace sobre la base de un número aproximado de pozos ilegales que habrían entrado en operación entre 2002 y 2009, calculado en 5.872 para ese período, a razón de 2,5 pozos ilegales por cada pozo inscrito legalmente, según la información existente.

El canon para aprovechamiento de agua es, en promedio, de ¢180 mil anuales por pozo.

Asimismo, critican que la Dirección de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no tenga un registro de los pozos en condición de ilegalidad.

La sobreexplotación derivada del registro de pozos ilegales también podría afectar a pequeños productores, al tener menos disponibilidad de aguas subterráneas, de acuerdo con Danny Villalobos, vocero de Fecon.

Otra preocupación importante es que la amnistía, planteada para pozos que datan antes del 2010, permita legalizar cualquier pozo ilegal perforado en cualquier fecha, pues al estar en condición irregular, su documentación carece de legitimidad para reconocer su entrada en operación.

Por último, achacan falta de transparencia por parte del Gobierno, al no someter a consulta pública dicho decreto.

En tanto, el Ejecutivo se desmarca de la polémica, y defiende que era necesario modificar el marco legal actual, pues la Ley de Aguas data de 1942.

Lea más: Pozos de agua no inscritos podrán registrarse a partir de septiembre

“Este proceso de amnistía establece un trámite para formalización de pozos, siempre que no estén en zonas con restricciones legales y cumplan con ciertos requerimientos. Al momento de presentar la solicitud empezarán a pagar el canon por aprovechamiento del agua”, explicó Haydeé Rodríguez, viceministra de Agua y Mares.

El decreto busca establecer un registro más preciso de los pozos y agua disponible, además de seguridad jurídica a quienes explotan el recurso hídrico, según Rodríguez.

Entre 2007 y 2009 se aprobaron 783 nuevos pozos para usos en turismo, agroindustrial, riego y sector industrial, que explotan en promedio entre 0,64 y 1,5 litros de agua por segundo, según el tipo de uso.

A partir de septiembre entrará a regir la amnistía de seis meses que permitiría registrar pozos perforados ilegalmente antes de 2010; esta aplica para aquellos perforados con maquinaria o equipo especializado, no para artesanales, de uso doméstico o menores a 20 metros, los cuales están exentos del Registro Nacional de Concesiones.


ENFRENTADOS


El Gobierno ve el decreto como una forma de proteger el agua, pero los grupos ambientalistas piensan lo contrario.

Haydeé Rodríguez

Viceministra
Agua y Mares


Esta administración tiene un compromiso con promover la gestión integrada del recurso hídrico, abordar los retos del cambio climático y asegurar el derecho humano de acceso al agua y saneamiento.
Para esto es fundamental contar con un balance hídrico actualizado que nos permita conocer con certeza la calidad y cantidad de agua disponible.

Danny Villalobos

Vocero
Fecon


Consideramos que la amnistía premia injustamente la ilegalidad con la que las empresas perforadoras y grandes consumidores de agua realizan sus extracciones de agua subterránea, afectando de esa forma no solo al ambiente, en casos conocidos de acuíferos sobreexplotados y con procesos de salinización por agotamiento del recurso subterráneo, sino también a los ríos, que dependen de los regímenes de agua subterráneas.


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