Allanar casas sin orden judicial es propio de un régimen totalitario, según diputados opositores
Propuesta desprotege los derechos más fundamentales de los costarricenses, según legisladores
Varios diputados de oposición advirtieron de propuestas con tintes dictatoriales por parte del partido Pueblo Soberano a partir del próximo gobierno.
Específicamente, se trata de unas declaraciones que brindara Nogui Acosta, futuro jefe de fracción de ese partido, quien defendió los allanamientos sin una orden judicial.
El pronunciamiento generó una reacción inmediata de legisladores electos de distintas fracciones, quienes coincidieron en que este tipo de planteamientos vulneraría derechos fundamentales y principios básicos del Estado de derecho.
Claudia Dobles, diputada electa del PAC, rechazó de forma categórica la posibilidad de avanzar en esa línea.
“No apoyaremos iniciativas que impulsen allanamientos sin una orden judicial. Esta no es la solución que nuestro país necesita, esta propuesta violenta los derechos de todas las personas. Hoy puede utilizarse contra la delincuencia y el crimen organizado, mañana podría ser contra cualquier persona”, dijo Dobles, sugiriendo que es propio de regímenes totalitarios.
En la misma línea, Abril Gordienko, diputada electa del PUSC, advirtió sobre los riesgos legales y constitucionales de eliminar este requisito.
“Suprimir la exigencia de orden judicial para allanar un domicilio, que podría ser el suyo, vulneraría garantías constitucionales básicas. La Constitución Política costarricense reconoce la inviolabilidad del domicilio y la protección de la intimidad y el secreto de las comunicaciones, por lo que cualquier intervención en la morada privada debe estar amparada por la ley, ser proporcional y contar con salvaguardias judiciales (…) Debemos mantener la regla general del control judicial, limitar y tipificar con precisión las excepciones por urgencia, garantizar notificación y revisión judicial inmediata de las diligencias sin orden, todo con mecanismos de transparencia, supervisión y reparación”.
Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe del PLN, también cuestionó con dureza la propuesta.
“Jamás podríamos aceptar algo así en una sociedad democrática como la costarricense. La futura fracción del PLN se compromete a luchar con determinación y firmeza en defensa de la libertad y las garantías individuales de los ciudadanos costarricenses”.
Las críticas surgen luego de que el futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano Nogui Acosta, afirmara que, en caso de que el Congreso apruebe la suspensión de garantías, se eliminaría la exigencia de orden judicial para allanar recintos de ciudadanos.
El diputado electo no considera que se produzca un daño a las personas si no se encuentran pruebas de delitos en los allanamientos.