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Jueves, 2 de mayo de 2024



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Alianza de mujeres solicita que se enfrente la discriminación y la exclusión en la Fundación Manos Abiertas

A la fecha han muerto 17 personas que fueron egresadas de esa agrupación

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong tgutierrez@larepublica.net | Viernes 19 abril, 2024 01:22 p. m.


Discapacidad
Se solicita una acción rápida de las autoridades. Archivo/LA REPÚBLICA


Un llamado a que se combata la exclusión social y la discriminación realizó la Alianza Latinoamérica de Mujeres con discapacidad en la Fundación Manos Abiertas.

Denunciaron que los 17 muertos que se reportan hasta este momento sin lugar a dudas son responsabilidad directa en la totalidad del Estado, en diversidad de instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial.

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En este momento, la Fundación Manos Abiertas, está siendo investigada (es decir aun no hay conclusiones, ni sentencia, ni personas condenadas), por supuesto maltrato a las personas residentes que estaban bajo su cuidado y por una presunta malversación de fondos.

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Las personas en situación de discapacidad que ahí vivían enfrentan diversos tipos de discapacidad física, sensorial, psicosocial y cognitiva.

Además, varias de estas personas presentan enfermedades crónicas y degenerativas.

Desde la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, no podemos seguir callando, tolerando y normalizando este tipo de situaciones, donde algunas personas con discapacidad que por años habían estado bien mueren, y a otras se les vulneran sus derechos más elementales.

Se hizo un llamado a la pronta respuesta de las instituciones y no sólo del Conapdis, que como sabemos es una institución pequeña y de presupuesto limitado, hacemos un llamado a la señora Vicepresidenta de la República como coordinadora del Consejo Presidencial Social, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social como rector al que está adscrito el CONAPDIS, a la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, a la Dirección Ejecutiva del Conapdis, a la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, a las autoridades de la CCSS y al Poder Judicial para que los efectos sean mayores.



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