Natalia Díaz

Natalia Díaz

Enviar
Viernes 24 Febrero, 2017

Es hora de que entendamos que como país debemos ser ágiles para utilizar los instrumentos legales que brinda la concesión de obra pública, pero con verdadera responsabilidad y fiscalización

Algunas reflexiones sobre el caso “la platina”

Costa Rica es un país privilegiado en recursos naturales, y arraigado en una población que creció al amparo de la cultura rural, lo que generó una idiosincrasia muy particular, capaz de soportar más de lo que otras sociedades han aguantado.
Sin embargo, en materia de estructuración del Estado y regulación para la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho, nos encontramos con niveles normativos excesivos, contradictorios y muy difíciles de implementar. Esto ha ocasionado que cuando debemos ser eficientes en las acciones de los órganos del Estado, para resolver problemas que atañen a todos, nos ahogamos en la tramitomanía que pauta la norma, y en la inacción por temor a equivocarse y a esperar que el principio de legalidad nos lleve de la mano para encontrar las soluciones en la vida cotidiana.
El conocido “puente de la platina” inicia con algunos desprendimientos en la superficie, lo cual avanza hacia revisiones más estructurales. Sus arreglos hacían que un puente con únicamente dos vías por sentido, generara colapsos de tráfico increíbles por encontrarse en una de las vías más importantes del país. Esta situación sigue viviéndose en estos momentos, varios años después de que se advirtiera del problema.
De lo anterior podemos inferir algunas conclusiones que ratifican lo señalado al principio; pero más que ello, nos ponen frente a un ejemplo de crudas ineficiencias en el manejo de la Administración Pública.
Primero nos encontramos con el arreglo de un puente que hoy evolucionó hacia una ampliación de tres carriles por sentido, el cual lleva varios años de estar siendo tratado por los equipos técnicos correspondientes; y hasta este momento, sigue ocasionando las mayores alteraciones del tráfico vehicular del país. Ha sido el MOPT a través de CONAVI el ente público responsabilizado de ejecutar de manera definitiva la obra.
Los resultados han sido inaceptables para una obra pública de tamaño muy pequeño y puntual: más de ocho años en busca de una solución; más de $14 millones diluidos en su arreglo, pero un elenco interminable de afectaciones a la colectividad costarricense. Este triste panorama complica el transporte de personas y de bienes, incrementa el consumo de combustibles, contamina el ambiente, afecta el turismo, genera estrés y demás afectaciones a la estabilidad y ánimo de las personas, se pierden citas médicas, tratamientos y operaciones; y demás actividades privadas y públicas dejadas de atender. En fin, se trata de una pérdida global incalculable por la incapacidad de poder actuar con eficiencia en la solución de un problema puntual, que debió ser resuelto en forma definitiva y oportuna.
Esta situación ha forzado a la población afectada a buscar medidas alternativas para trasladarse y trasladar bienes y amortiguar los costos de tan penosa deficiencia. El transporte público ha sido una alternativa que muchísimas personas se han visto obligadas a usar, el tren entre Alajuela y San José y el uso de vehículos particulares con un mayor cupo. Las personas somos capaces de buscar opciones para superar las dificultades, pero ya es suficiente. Es hora de que entendamos que como país debemos ser ágiles para utilizar los instrumentos legales que brinda la concesión de obra pública, pero con verdadera responsabilidad y fiscalización, tanto del Estado como de las empresas participantes y con una eficaz respuesta de los organismos especializados como la Contraloría General de la República. No es posible seguir considerando al Estado como capaz de brindar con celeridad resultados en materia de obra pública como este controversial arreglo de un puente tan trascendental.