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Sábado, 17 de noviembre de 2018



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Alcatel, Estados Unidos y Costa Rica

Nuria Marín [email protected] | Lunes 01 marzo, 2010



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Alcatel, Estados Unidos y Costa Rica

En días recientes se hizo público el acuerdo preliminar de la empresa Alcatel-Lucent con diferentes instancias del Gobierno de Estados Unidos en el que se compromete a pagar la suma de $137,4 millones para evitar un juicio con motivo del pago de comisiones por contratos realizados en Costa Rica, Taiwán y Kenia.
Gracias a este acuerdo, el Departamento de Justicia recibirá el pago de una multa por $92 millones pagaderos en un periodo de tres años y la SEC (Securities Exchange Comission) recibirá la suma de $45,4 millones. La pregunta de rigor, ¿y Costa Rica?
Pues nuestro país, pese a ser uno de los agredidos directamente por las lamentables prácticas de esta empresa francesa, recibirá tan solo la suma de $10 millones cantidad que evidente e injustamente no mantiene relación ni proporción con la suma recibida por Estados Unidos.
Lo fácil podría ser justificar esta situación como natural ante el evidente músculo que tiene el gobierno de Estados Unidos gracias al tamaño de su mercado y el natural deseo de una empresa como Alcatel de evitar a toda costa cualquier obstáculo que le imposibilite hacer negocios en el futuro en ese país. Sin embargo, no todo queda ahí.
El caso Alcatel no solo desnudó uno de los más graves actos de corrupción en la historia de nuestro país sino las fragilidades de nuestra legislación, la lentitud y falta de eficiencia de los procesos judiciales penales, así como las dificultades del sistema para cuantificar y sancionar en su verdadera magnitud el daño social en casos como este.
Así, mientras Estados Unidos, gracias a una legislación de avanzada (Foreign Corrupt Practices Act) llega a un acuerdo de más de $100 millones, nuestra Procuraduría General de la República prefiere aceptar la oferta de pago por daño social de tan solo $10 millones. No dudo que la valoración para este arreglo en su momento haya sido correcta, pero conociendo la de Estados Unidos vale la pena revisarla.
Por otra parte, mientras en Estados Unidos se da la detención y condena en tiempo récord por hechos ocurridos en otros países de Christian Sapsizian, ex vicepresidente para América Latina de Alcatel, quien por cierto está próximo a cumplir su condena, en Costa Rica la fase del debate en el juicio contra los acusados recién se celebrará en el próximo mes de abril.
Hechos como el caso del ICE-Alcatel, dolorosos per se en la memoria colectiva nacional, nos llaman además a la reflexión y a la necesidad de cuestionarnos si en Costa Rica aún contamos con un pilar sobre el cual todo ordenamiento jurídico y sistema judicial debe reposar y que es un derecho constitucional de todas y todos los costarricenses: la justicia pronta y cumplida.