Alcaldes del GAM piden a Rodrigo Chaves intervenir para evitar desastre con residuos sólidos

Ante la negativa de Mary Munive, ministra de Salud, de flexibilizar el decreto que prohíbe el traslado de residuos sólidos más allá de 80 kilómetros, 14 alcaldes del GAM solicitaron al presidente Rodrigo Chaves intervenir para evitar un desastre ambiental y de salud pública.

El objetivo es construir una ruta viable que permita cumplir con los requerimientos del Estado, a la vez que los municipios buscan una solución permanente.

En ese sentido, piden al gobierno plazos razonables para cumplir con la ley, de acuerdo con la carta pública enviada al mandatario.

“He sostenido conversaciones con el presidente y está anuente a dialogar. Nos parece fundamental concretar este encuentro porque se trata de un tema país. Todos los actores involucrados estamos dispuestos a aportar para alcanzar acuerdos que beneficien a toda la población”, señaló Diego Miranda, alcalde de San José.

Y es que, de mantenerse el decreto sin modificaciones, varios cantones podrían quedarse sin opciones legales para manejar sus residuos en el corto plazo, generando una crisis ambiental y sanitaria en zonas densamente pobladas del país.

La carta fue firmada por:

• Diego Miranda Méndez, alcalde de la Municipalidad de San José.

• Ángela Ileana Aguilar Vargas, alcaldesa de la Municipalidad de Heredia.

• María Antonieta Naranjo Brenes, alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados.

• Víctor Hidalgo Solís, alcalde de la Municipalidad de Santa Bárbara.

• Diego Armando López López, alcalde de la Municipalidad de Moravia.

• María de los Ángeles Rivera Sibaja, vicealcaldesa de la Municipalidad de Santa Ana.

• Yamilet Quesada Zúñiga, alcaldesa de la Municipalidad de Vázquez de Coronado.

• María del Rosario Siles Fernández, alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita.

• Jorge Eduardo Arias Santa María, alcalde de la Municipalidad de San Rafael.

• Zeneida Chaves Fernández, alcaldesa de la Municipalidad de Belén.

• Orlando Umaña Umaña, alcalde de la Municipalidad de Escazú.

• Bernardo Porras López, alcalde de la Municipalidad de San Pablo.

• Errol Solano Bolaños, alcalde de la Municipalidad de Curridabat.

• Fernando Miguel Chavarría Quirós, alcalde de la Municipalidad de ___ (faltó completar).

Negativa de Munive

Anteriormente, Mary Munive, jerarca de Salud, señaló que el verdadero problema es que los municipios no quieren comprometerse con una solución integral y, a la fecha, han rechazado cualquier intento del gobierno y las empresas por ampliar, mejorar o construir rellenos sanitarios.

“Durante más de dos décadas, desde el cierre del relleno sanitario de Río Azul, la institucionalidad ha advertido la urgencia de transitar hacia un modelo sostenible basado en la regionalización. Esta visión se materializó con la apertura del Parque Tecnológico Ambiental (PTA) Aczarri en Aserrí, concebido como una solución intermunicipal y técnicamente respaldada. Sin embargo, la falta de acción por parte de muchas administraciones locales ha contribuido al colapso del sistema. En lugar de desarrollar soluciones propias o integrarse activamente a esquemas regionales, se ha recurrido a prácticas insostenibles, como el uso intensivo del relleno El Huazo, que pasó de recibir residuos de 5 municipalidades a 35, y de 675 toneladas diarias a 2.600 toneladas cada día. Esta situación no es producto de una decisión reciente ni de una improvisación institucional. Es el resultado acumulado de 20 años de inacción, evasión de responsabilidades y desconocimiento deliberado de la normativa vigente. Las municipalidades han incumplido sus obligaciones legales: no han elaborado ni ejecutado sus planes cantonales de gestión integral de residuos, a pesar de que la Ley 8839 lo exige desde 2010”, dijo el Ministerio de Salud el pasado 7 de agosto en un comunicado.

Denuncia contra Costa Rica

Por otra parte, tras denunciar que su inversión está en riesgo y que urge detener “una progresiva expropiación de facto” que podría resultar en pérdidas superiores a los $125 millones, los propietarios canadienses de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (EBI), dirigida por Gestion Bayonne Inc. (GBI), anunciaron a inicios de julio un proceso de arbitraje internacional.

La denuncia contra el Estado costarricense fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.

La empresa, además, advirtió que la situación puede derivar en “una crisis nacional de gestión de residuos”, especialmente tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año.