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Miles con serios problemas, se graven o no servicios del agro
Agricultores en jaque... mate

Ruta de libre mercado presenta opciones de mejorar o morir

Por encima de las denuncias y bloqueos que ha protagonizado el sector agropecuario en las últimas semanas, a raíz del impacto que tendría en la actividad un gravamen del 14% sobre los servicios que demandan sus procesos productivos, el futuro luce complicado.
Por una parte, el gobierno de Laura Chinchilla ha dicho que sobre el tema impositivo no puede ceder.
Pero aun si la reforma fiscal fracasara, el bajo nivel productivo de la mayoría de los alimentos, amenaza con la quiebra a muchos agricultores, a corto o mediano plazo.
A lo anterior se suma el impacto del mercado libre, que de forma constante permite la importación sin barreras de los productos desde otros países.
La importación de los productos agrícolas y agropecuarios podría reducir los costos para el consumidor, pero por otro lado, implica un cambio económico y social para el país.
Esta semana el gremio productor anunció el rompimiento del diálogo con el Gobierno, justificado en lo que interpretó como “señales claras de no querer conversar sobre un tema que amenaza la subsistencia misma de cientos de miles de costarricenses”.
Los productores objetaron la propuesta aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la compra de servicios necesarios para sus procesos, entre ellos transporte, y mantenimiento de equipo, ya que inciden en el costo de producción y en el valor final del producto.
“Tal como está planteado en el paquete fiscal, el IVA es un impuesto a la comida de los costarricenses”, enfatizó Alvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
La medida tributaria provocaría un incremento en los costos de producción, que oscilaría entre un 10% y un 50%, dependiendo del tipo de alimento, según el gremio.
En el tortuoso futuro del sector, se asoman las condiciones que, previamente al anuncio del nuevo impuesto, ya tenían a muchos productores al borde de la quiebra.
Por una parte, el costo de producir alimentos frescos es bastante más alto en Costa Rica, que en otros países.
Se trata de la mano de obra, los combustibles y los agroquímicos, así como la nueva forma de tasar los tributos que deben pagar los bienes inmuebles, la cual es independiente del paquete tributario.
Mientras en El Salvador y Nicaragua, un saco de fertilizante le cuesta a un horticultor unos $38, los costarricenses desembolsan $58.
Asimismo, al llenar con diesel el tanque de sus pickups, los productores panameños y salvadoreños pagan entre $45 y $26 menos que los ticos, esto debido a los tributos adicionales que pesan sobre los combustibles nacionales.
Aunado a lo anterior, el modelo que se aplica actualmente a la tasación del valor de la tierra encarece hasta un 1.400% los costos de las fincas.
Esto sucede porque se echó a andar una revaloración de todas las propiedades, después de más 20 años de no actualizarlas.
Esto por sí mismo no sería tan perjudicial; sin embargo, los mecanismos del nuevo avalúo son poco precisos, de modo que a menudo exageran por mucho el valor de los terrenos agrícolas.
Esta medida aprobada por la Asamblea Legislativa, entró en vigencia este año, ya se está ejecutando en 21 municipalidades.
“El Gobierno ha actuado como facilitador, porque no puede meterse en esa materia; se trata de reglamentaciones aprobadas en los concejos”, afirmó Juan Marín, ministro de Descentralización.
El acaparamiento de la distribución y compra de la cosecha nacional de hortalizas es otro de los elementos que asoman como presión intolerable para los agricultores.
Mientras en las fincas se siga pagando a los productores un precio que es casi un 50% de lo que se cobra en los anaqueles de los supermercados, los agricultores se mantendrán en desventaja.
Finalmente, la apertura del mercado mediante los tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos, Canadá y China, afectaría el cultivo de la producción de consumo masivo, como arroz y frijol, que ni siquiera se acerca a los niveles de productividad por hectárea requeridos para aspirar a mantenerse sin protección arancelaria.
Otros productos que serían afectados incluyen papas, cebolla y embutidos, así como otros tipos de comida procesada.
Por otro lado, considerando los productos de mayor consumo en el país, incluidos la leche, carnes y vegetales, los productores nacionales están en condiciones de competir; en uno, el de la leche, se mantiene un nivel de blindaje a la producción que garantiza precios muy asequibles para los consumidores.

Bernal Rodríguez
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Ernesto Villalobos
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