Silvia Castro Montero

Silvia Castro Montero

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Lunes 20 Abril, 2015

Las universidades públicas no cuentan con la capacidad para recibir a todos los estudiantes que desean cursar una carrera


Acceso a la educación y Conesup

Un sistema universitario de calidad vela por la equidad en el acceso a la educación superior y contribuye con las metas nacionales de reducción del desempleo y la pobreza.
Uno de los mayores desafíos del sector universitario en Costa Rica es garantizar el derecho a la educación, para reducir la desigualdad y promover la justicia social. Sin una democratización del acceso a este nivel educativo, no se puede garantizar una sociedad en donde la trayectoria de vida de las personas no esté determinada por las condiciones sociales de origen.
El Estado debe estimular la participación de los alumnos en la educación superior para aumentar sus años de escolaridad. Los estudiantes que asisten a las universidades obtienen una amplia gama de beneficios financieros y personales. Asimismo, los contribuyentes y la sociedad en su conjunto derivan una multitud de beneficios directos e indirectos, cuando los ciudadanos tienen acceso a la educación superior. Existe una correlación entre los años de escolaridad y los ingresos devengados por las personas. La totalidad de los costos asociados con la educación superior privada se recuperan en un periodo relativamente corto.
Además, a mayor número de graduados universitarios, más bajas son las tasas de desempleo y pobreza, mayores las contribuciones tributarias, menor la demanda sobre los sistemas de asistencia social, menores los índices de encarcelamiento, y más altos los niveles de participación cívica, incluyendo mayores índices de voluntariado, votación y donaciones de sangre.
La educación superior igualmente fomenta mayores niveles de consumo y más emprendimientos, lo que a su vez impulsa el bienestar económico y social del país, y forma pueblos más solidarios, democráticos y pacíficos.
En consecuencia, las tasas desiguales de participación en la educación superior en los diferentes segmentos de la sociedad deberían ser motivo de preocupación no solo de las personas directamente afectadas, sino también de la sociedad en general.
Si bien podría pensarse que el derecho a la educación superior en nuestro país se encuentra garantizado por la educación superior estatal, las universidades públicas no cuentan con la capacidad para recibir a todos los estudiantes que desean cursar una carrera universitaria.
Lo que aun es más preocupante es que el Estado de la Educación (2013) confirma que la educación superior presenta un claro sesgo en su composición socioeconómica hacia los sectores de clase media y alta. Un 32% de la población estudiantil de las universidades privadas, unos 32.796 alumnos, provienen de los primeros tres quintiles de ingreso per cápita, por lo que deben endeudarse y trabajar para poder estudiar.
Ni la Ley de Conesup, ni su reforma, contemplan mecanismos para apoyar financieramente a esta población o aumentar su participación en la educación superior.

Silvia Castro

Rectora de Ulacit