Desarrolladores los más beneficiados

Abrir pozos será más fácil

Gestiones para obtener un permiso se reducirán ante creación de ventanilla única

Menos trámites para la obtención de concesiones y permisos para hacer uso del agua, es el beneficio de la ley recién aprobada en el Congreso.
Sin embargo, una vez que una entidad pública pueda asumir el servicio, el concesionario perderá el derecho de la explotación.

El proyecto, que ya pasó el primer debate, establece que el Estado puede retirar la concesión a un desarrollador inmobiliario u hotelero cuando el AyA, las Asadas o las municipalidades, puedan hacerse cargo del suministro del agua.
Si bien, esto constituye para muchos el principio para la privatización del agua, para otros implica realizar una inversión que a determinado plazo pasará a manos del sector público.
Por otra parte, la legislación establece que al crearse una ventanilla única, las empresas no tendrán que pasar por 42 papeleos para obtener un visto bueno, ya que la mayoría de las gestiones serán centralizadas.
A ello se suma que los estudios se harán en un tiempo menor, al formarse un ente con su propia personería jurídica y con autonomía financiera.
Si el proyecto pasa el segundo debate, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía tendría a su cargo desde la revisión de caudales, hasta el control de la comercialización y explotación del agua.
En este sentido, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento quedaría con el tema de suministro para la parte agrícola.
Sobre el costo de la explotación del agua, el canon se mantiene igual, de modo que no habrá cambios en cuanto a tarifas. Los estudios de impacto ambiental también serán requeridos como hasta ahora.
“Vamos a tener hasta 12 unidades hidrológicas y se harán planes con criterios técnicos, jurídicos y científicos”, dijo José Lino Rodríguez, viceministro de Agua y Mares.
En cuanto a las nacientes y zonas de protección, la nueva ley señala distancias de protección de 45 grados hacia arriba y 15 metros hacia abajo.
La Ley de Aguas que hasta hoy está vigente data de 1942 e incluye aspectos risibles como multas de ¢180 por contaminación de manantiales.
Este es uno de los principales cambios, pues las multas irían ahora de los ¢6,4 millones a los ¢15,4 millones para quien dañe los mantos acuíferos.
Además, deja la posibilidad de mitigar el daño ambiental con reparación y compensación social.
Incumplir las condiciones impuestas en los contratos de concesiones, la reglamentación técnica en materia de vertidos, así como las disposiciones relativas a la preservación y protección del caudal ambiental, se suman a las infracciones graves en esta normativa.
La instalación de una red de monitoreo con una inversión de ¢2.500 millones es otra de las novedades que acompañarían la nueva ley. El dinero se tomará de un fondo creado justamente con la recaudación del canon de los últimos años.

María Siu Lanzas
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