Abogados exonerados de castigo en ley contra fraude fiscal

Los representantes legales de las sociedades anónimas que no puedan dar a conocer la totalidad de los dueños de las empresas, no serían sancionados por la ley contra el fraude fiscal.

Esto sucedería cuando una persona jurídica en Costa Rica, tenga como uno de sus integrantes a otra sociedad anónima que está registrada fuera del país, incluso en lugares que son considerados como paraísos fiscales, como Bahamas y las Islas Caimán, entre otros lugares.{l1}empresarios_preparan_armas_para_frenar_registro_de_accionistas{/l1}

Los diputados consideran que nadie está obligado a lo imposible, y que la pena económica establecida en la propuesta de ley, que oscila entre ¢1,2 millones y ¢40 millones, es injusta para estos casos.

En estos momentos, ese es parte del debate de los legisladores en la comisión de Hacendarios.

“La ley contra el fraude fiscal es inaplicable en este particular, ya que habría una imposibilidad material de conseguir esa información; sin embargo, nosotros queremos dejar clara la restricción a la Administración Tributaria en la ley, para que después no ande persiguiendo a los beneficiarios legales de las sociedades anónimas”, dijo Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario.

La ley contra el fraude fiscal pretende reducir la evasión que se estima en un 8% del PIB.{l2}ley_contra_fraude_fiscal_ira_por_via_rapida{/l2}

Para ello, el Gobierno considera fundamental contar con un registro de accionistas que le permitiría conocer los nombres de los dueños de las empresas y así cruzar información, para después determinar si una persona evade impuestos sobre sus ganancias, al ocultar sus utilidades en diferentes sociedades anónimas.

“Hemos tenido una gran cantidad de audiencias en la comisión de Hacendarios y en cada caso nos han señalado la necesidad de revisar este tema, para evitar injusticias”, dijo Rosibel Ramos, diputada del PUSC.

Los legisladores tienen hasta finales de agosto para determinar el proyecto de ley y a partir de ahí habrá un mes adicional para aprobar el proyecto en primero y segundo debates.

Para el Gobierno esta iniciativa es fundamental, ya que se estima que mejoraría la recaudación en un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al menos.

Otro de los temas que preocupan a los legisladores sobre este proyecto de ley es acerca de la prescripción de la responsabilidad de entregar información, la definición de beneficiario legal y final y la forma de recibir las notificaciones entre otros temas.