A sepultar la UPAD

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

La Asamblea Legislativa votó a favor el informe de la comisión investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual determinó que esa agencia de espionaje fue gestionada y dirigida por el presidente Alvarado.

El voto positivo marca un precedente y envía un mensaje directo: los legisladores –como representantes de todos los costarricenses- estamos dispuestos a defender nuestra Constitución. Es claro que la unidad fue ilegal e inconstitucional, tal como lo aseguraron la Procuraduría General de la República (PGR), el Colegio de Abogados y la Defensoría de los Habitantes.

La UPAD violentó la facultad que tiene toda persona para ejercer control sobre su información personal, pues permitió la transferencia de datos sensibles de la gente entre instituciones públicas sin que existiera una autorización expresa de los involucrados.

Mediante un simple decreto, el presidente intentó pasarle por encima a las leyes nacionales y a los procedimientos legislativos: solamente el Congreso puede aprobar una norma que imponga límites a los derechos fundamentales de los costarricenses.

El voto de la mayoría de los diputados en la Asamblea también es un respaldo a los esfuerzos de la sociedad civil para garantizar los derechos de todos, particularmente los relacionados con el resguardo de la información personal.

Constituye una llamada de atención: no estuvo bien que la UPAD solicitara datos sobre origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica y orientación sexual de los costarricenses. Tampoco que manejara información crediticia de la gente, de las víctimas de delitos, de los beneficiarios de programas sociales y de privados de libertad.

Nueva República y los diputados de otros partidos no nos creímos el cuento de que la UPAD se creó para diseñar políticas públicas. Estudiar la cantidad de iglesias evangélicas y de otras denominaciones en el país y el posible impacto que sus feligreses tuvieron en las elecciones presidenciales del 2018, no tiene un efecto en el empleo, la reactivación económica ni en las políticas de desarrollo de largo plazo.

El gobierno ni siquiera protegió esa información sensible para que no cayera en manos de terceros; los manejó en computadoras personales, como si fueran los archivos de las tareas de la escuela, y los manipuló en una herramienta digital sin las adecuadas medidas de seguridad.

Si la UPAD utilizó bases de datos que contenían nombres de las personas y sus números de cédula, entonces la información de los ciudadanos extraída del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiario (Sinerube) pudo estar disponible para la consulta pública. Y eso es gravísimo.

Esos datos son muy codiciados en el marco del mercadeo ilegal, pues es útil para definir perfiles de consumidores, trasegar medicamentos ofalsificar identidades. Además, estas bases pueden emplearse con fines políticos porque permiten identificar individuos en riesgo, corromper nuestro sistema democrático de elección popular.

En año preelectoral, y con los antecedentes del partido en el gobierno, estas consideraciones no deben tomarse a la ligera. Total, ya sabemos que el eslogan “Es por vos, es por Costa Rica”, en realidad quiere decir “Es por la gente PAC, es por sus intereses”.

Nueva República celebra el respaldo del Congreso a la comisión investigadora y reafirma que se mantendrá vigilante para que estos hechos lamentables no ocurran de nuevo.