A Costa Rica le urge una estrategia para reducir la informalidad: OCDE

Simplificar el salario mínimo, desplazando gradualmente parte de la carga fiscal de las contribuciones a la seguridad social a otros impuestos (como impuestos a la propiedad), mejorar la calidad de educación y capacitación, y la simplificación de los procedimientos administrativos para reducir los costos de entrada y formalización, son sugerencias de la OCDE para reducir la informalidad.

En su análisis en el estudio Going for Growth 2021, hacen notar el grave problema que tiene Costa Rica referente a la informalidad.

Por ejemplo, en la segunda mitad del 2020, en total, los cuentapropistas no profesionales y trabajadores informales acapararon el 90% de esos nuevos trabajos en Costa Rica, según la Organización Internacional del Trabajo.

"Para hacer el crecimiento más inclusivo, una estrategia integral para reducir la informalidad se necesita", comentan en su estudio los analistas de la OCDE.

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Las dificultades para crear una empresa es una de las dificultades que señalan.

La carga administrativa para la entrada de empresas se puede reducir mediante la introducción de la ventanilla única en línea en mecanismos para licencias y permisos, así como ampliando el alcance de las reglas de silencio positivo, consideran.

Otra fuente de su preocupación es que la creación de empleo formal en las empresas nacionales va rezagada al que generan las de zonas francas, esto en términos de innovación.

Más competencia en los sectores domésticos y servicios reducirían los precios de los insumos para las empresas, así como financiamiento competitivo y basado en el desempeño en la investigación pública reforzaría la cooperación entre universidades y empresas nacionales y fomentaría la innovación entre pymes, destacan entre medidas recomendadas para contrarrestarlo.

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Insisten en que la baja competencia en muchos sectores clave, como la banca, la alimentación, la electricidad o el transporte, es fuente de señalamientos; lo anterior porque conduce a precios más altos y una menor calidad de los bienes y servicios esenciales, lo que perjudica a los consumidores y obstaculiza la dinámica empresarial y creación de empleo.

Un ejemplo de ello es en el mercado arrocero, donde se han referido previamente; por ende, piden la apertura de la competencia a todos los sectores.

"Se puede impulsar la competencia asegurándose de que implementación de la ley de competencia, eliminando las exenciones restantes y asegurando la independencia y recursos suficientes de la autoridad de competencia", mencionan.

Recomendaciones

• Introducir mecanismos de ventanilla única en línea y garantizar el alcance de las reglas de consentimiento silencioso
• Eliminar el requisito de utilizar un notario para registrar una empresa. Hacer que el mecanismo de firma electrónica sea más fácil de usar para respaldar los registros de empresas en línea.
• Establecer una estrategia integral para reducir la informalidad, incluida la transferencia de parte de la carga fiscal de la seguridad social a contribuciones a los impuestos a la propiedad
• Financiar la investigación pública basada en criterios competitivos basados en el desempeño y estableciendo mecanismos de evaluación. De esta manera, se mejora la coordinación entre las universidades y el sector empresarial nacional para apoyar la innovación fuera de las zonas francas.
• Reformar el sector eléctrico para mejorar la calidad del servicio y reducir los precios. Aumentar la participación del sector privado en la generación eléctrica,
• Continuar mejorando la facilitación del comercio, incluso simplificar y armonizar documentos, automatizar y simplificar los procedimientos fronterizos y mejorar la coordinación de las agencias nacionales pertinentes
• Asegurar la implementación completa y oportuna de la competencia.
• Eliminar gradualmente las exenciones restantes al derecho de competencia en arroz, azúcar, café, servicios marítimos y servicios profesionales.
• Implementar capacitación sobre temas de competencia para jueces
• Reducir gradualmente las distorsiones regulatorias existentes que afectan la banca pública y privada