David Gutierrez

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Martes 1 Octubre, 2013

La legislación costarricense admite la posibilidad de usar procedimientos expeditos en casos de urgencia


¿Una emergencia nacional?

Todos vivimos, a diario, el colapso de nuestras carreteras. No importa si se viaja en autobús, taxi, automóvil o motocicleta, lo cierto es que las vías nacionales —si se les puede llamar así— no dan más.
Los automóviles no caben, hay atascamientos a toda hora y en todo lugar. Muchas escuelas y centros de trabajo han debido cambiar los horarios de entrada y salida para que estudiantes y colaboradores puedan llegar a tiempo.


Esta caótica situación vial provoca frustración y baja calidad de vida, pero además está causando un mayor número de accidentes, lesiones y muertes. Según la Sección de Estadística del Organismo de Investigación Judicial, la tasa de fallecidos por accidentes de tránsito en 2012 fue de 15 por cada 100 mil habitantes, la más alta respecto de otros modos de muerte violenta. La causa más común de los accidentes fue un falso adelantamiento, seguida por exceso de velocidad y por la ingesta de alcohol.
Pero además, la detención de los automóviles en las presas genera mayor consumo de combustibles y más contaminación ambiental y enfermedades respiratorias. A esto se suma el alto nivel de frustración que cada vez lleva a que los conductores asuman conductas más violentas e incluso criminales.
También afecta que el pésimo y viejo estado de la red vial, incluyendo puentes, cede a la intemperie, al paso de los años y al mal planeamiento urbano, llevando a derrumbes como los más recientes en la circunvalación de Hatillo y la autopista General cañas.
Como hemos vivido ya en estos días, las reparaciones llevarán meses y ya sentimos las consecuencias de estas situaciones que agravan el caos vial con más presas, menos rutas y choferes con altos niveles de estrés.
Como si fuera poco, los conductores deben lidiar con furgones y vagonetas que transitan a toda hora y a la libre, haciendo más lento el recorrido de todos.
Se hacen reparaciones en las calles en días y horas sin sentido, ¿por qué no hacerlas en fines de semana y por las noches?
Además, el Estado permite la importación de autos usados de cualquier año, con más atascamientos y contaminación del aire. Y algunos policías de tránsito, en vez de intentar ordenar el caos, se colocan en lugares más “rentables” y no en los que podrían hacer una mejor labor.
Finalmente, muchas rutas no están señalizadas y hay algunas verdaderamente peligrosas, como la 32, donde solo en 2012 fallecieron 42 personas.
La legislación costarricense admite la posibilidad de usar procedimientos expeditos en casos de urgencia. Expresamente establece que cuando la administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría General de la República.
Este procedimiento facilita la contratación de obra pública, sin apelaciones y sin necesidad del refrendo del ente contralor. Se podría llevar a cabo una licitación sumaria, con alguna reconocida empresa auditora vigilando el proceso.
El actual caos vial, ¿no amerita el uso de procedimientos sumarios de contratación? ¿Qué más emergencia están esperando para actuar?

David Gutiérrez
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