El rechazo legislativo a las propuestas del presidente de la República de brindar ante el plenario un informe de sus primeros 100 días, es un hecho lamentable

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Poder Legislativo vs. Ejecutivo

La mayoría de constituciones modernas reconocen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tal distinción no es nueva, se remonta a Aristóteles en su libro “La política”.
En cuanto al poder legislativo o “deliberante”, como lo llama Aristóteles, tiene por obligación decidir la paz, la guerra, contraer alianzas o romperlas, hacer y derogar leyes, entre otras funciones.
La libertad de cada ciudadano se pierde si el poder de juzgar no está separado del poder de legislar y de ejecutar. Si estuviese unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; porque el juez sería legislador.
Si estuviese unido al poder ejecutivo, el juez enfrentaría un opresor; dice Montesquieu, quien además nos enseña en “El espíritu de las leyes” (1748), que el poder ejecutivo es una “potencia ejecutante” de los asuntos que dependen del “derecho de la gente”. Esta teoría es la “ley de pesos y contra-pesos” entre los poderes del Estado.
El rechazo legislativo, principalmente de diputados liberacionistas, a las propuestas para lograr por primera vez en la historia de Costa Rica que el presidente de la República brindara ante el plenario un informe de sus primeros 100 días, es un hecho lamentable que nos remonta a la relación de poderes descrita arriba y que dan lugar a dos combinaciones muy variadas desde la fundación de la República:
1.- “Aislamiento de poderes”, como ocurriese en Francia con la monarquía de 1791. En este sistema el Ejecutivo no tiene ninguna acción sobre el legislativo, al punto que se crearon los “mensajeros del Estado”, quienes portaban mensajes escritos de un poder al otro; cerrándose así las puertas de gobernabilidad, tal como los legisladores le cierran hoy la puerta al presidente Solís.
2. “Sistema de colaboración entre los poderes”, es óptimo, por organizar una colaboración equilibrada de los diferentes poderes en beneficio de los “sujetos” (Rousseau), el pueblo.
En un Estado libre como el nuestro, el ciudadano debe estar gobernado por sí mismo, por lo que el pueblo debería tener el derecho de la potencia legislativa. Pero como esto es imposible por el tamaño del Estado-Nación; no queda de otra que los ciudadanos hagan a través de sus representantes legislativos lo que no pueden hacer por sí mismos, pero aquellos no siempre hacen la voluntad de quienes los han elegido como sus comisionados.
El presidente Solís quiso demostrar que el país está listo para realizar debates políticos en la sede legislativa, en donde Gobierno y Parlamento dialoguen con franqueza y respeto.
Sin embargo, el comunicado de prensa a los medios deja claro el lamento de un Ejecutivo aislado por parte de la mayoría legislativa: “El Parlamento pierde una oportunidad … de construcción de acuerdos, que necesariamente pasan por el reconocimiento de déficits y fortalezas de la Administración Pública”, precisó Solís, al indicar que los diputados ignoran la relevancia del hecho.

Ricardo Sossa

Periodista/politólogo