Más burócratas contrataría Aviación Civil
Nuevo equipo le costaría casi $600 mil anuales. En momentos en que se recomienda mayor austeridad de las instituciones del Estado, ante l...
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Abriría 14 plazas para supervisar aeropuertos
Más burócratas contrataría Aviación Civil
Nuevo equipo le costaría casi $600 mil anuales
En momentos en que se recomienda mayor austeridad de las instituciones del Estado, ante la crisis fiscal, la Dirección General de Aviación Civil discute políticas en el sentido contrario.
En total el nuevo órgano inspector estaría integrado por 28 personas, el doble del personal que supervisa el Juan Santamaría y el Daniel Oduber en la actualidad.
Con la creación de un gran órgano supervisor se procura mejorar el servicio, luego de que la Contraloría General cuestionara, en 2009, la forma en que se venía vigilando el Juan Santamaría.
La intención es trasladar a las 14 personas que fiscalizan los dos contratos vigentes a la nueva organización y abrir un concurso por el Servicio Civil para reforzarlo con igual número de funcionarios.
Para ello se requeriría la aprobación de la Autoridad Presupuestaria, el Mopt y el Ministerio de Planificación.
Lo que se quiere es dejar de contratar a consultores privados para que apoyen en las funciones de inspección, como ha sido la tradición, sino tener la mayor cantidad de personal de planta.
Así se garantizará que la experiencia se quede en la institución, no como ahora, que a los consultores se les vence el contrato y se llevan todo lo aprendido, justificó Fernando Soto, inspector general del contrato del ampliación del Juan Santamaría.
Al consultar a quién le corresponderá pagar el salario de los funcionarios de la nueva organización, la respuesta fue que se cargarán al presupuesto de Aviación Civil.
La institución no tiene problemas financieros, cada vez vienen más vuelos y se ofrecen más servicios, justificó Jorge Fernández, director general de la institución, al cuestionarle si es conveniente contratar más personal en momentos en que el Estado enfrenta un hueco financiero.
Los casi $600 mil que costarán las plazas que se abrirán, no incluyen la inversión en oficinas y mobiliario que se requerirá para instalarlos.
Precisamente para no afectar el presupuesto de Aviación Civil, cuando entró en vigencia el contrato para ampliar el Juan Santamaría se creó un fideicomiso de supervisión —por un monto de $300 mil anuales—, el cual se financia con las ganancias que deja el aeropuerto.
En cuanto al uso que se le seguirá dando al fideicomiso, Soto detalló que se empleará para contratar profesionales para apoyar las decisiones que deberá tomar el nuevo órgano fiscalizador. Si sobran recursos, garantizó que los devolverán.
Es decir que aun con la creación de una amplia estructura para supervisar los contratos aeroportuarios, se seguirán contratando consultorías.
Será para casos en que se necesite el criterio en un campo en que no se cuente con ese profesional, comunicó Soto.
La nueva estructura del órgano fiscalizador fue sugerido por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR, el cual se contrató por medio de una consultoría que costó casi ¢20 millones.
Concretamente lo que plantea ese estudio es crear un gran órgano supervisor que atienda todos los contratos de ampliación de aeropuertos que promueva el Consejo Técnico de Aviación Civil.
Actualmente existe un órgano que se dedica de forma exclusiva a ver las obras en el Juan Santamaría y otro que se entiende de la concesión del Daniel Oduber. La idea es que la estructura que se pretende implementar se encargue de esos dos, así como de los que se pretenden construir en el sur y en Orotina.
Entre los cambios principales que se sugieren es el de transformar en directores los actuales puestos de inspectores.
Al mismo tiempo se valora incluir a todos los funcionarios del órgano inspector al régimen de Autoridad Presupuestaria, con el propósito de hacer las remuneraciones más competitivas y al mismo tiempo poder contratarlos por un plazo mayor.
Es importante tener claro que el aumento presupuestario no se debe visualizar como un costo, sino como una inversión, que tendrá un impacto directo en la calidad de los servicios y en la fiscalización de los contratos de concesión, destaca el informe.
Danny Canales
dcanales@larepublica.net
