Industrias Infinito confía en que arbitraje inicie en 2014

“La minería se volvió como una alergia”

Gobernantes no han sabido lidiar con el problema, dijo vocera de la empresa

Heredar el pleito y patear la bola por el tema de la minería Crucitas ha sido la fórmula de la presidenta Laura Chinchilla, argumentó Yokebec Soto, vocera de Industrias Infinito.

En la empresa canadiense lamentan no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno en estos seis meses que se le brindó de tiempo para negociar una “salida amistosa” y evitar el arbitraje.
Las acciones del Gobierno fueron calificadas por Soto de “populistas”, tras firmarse un decreto contra la minería a cielo abierto, atendiendo así el llamado de los grupos ambientalistas.
“La minería se volvió como una alergia. Doña Laura Chinchilla tiene una gran responsabilidad, ahora debe asumir las consecuencias. La empresa va a recuperar lo que invirtió”, advirtió Soto.
Por concepto de las etapas de exploración y explotación, Industrias Infinito reclama al Estado unos $92 millones, mientras que pide $1 mil millones por el lucro cesante, es decir, lo que dejó de percibir.
La gota que derramó el vaso fue el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que frenó el proyecto luego de recibir el aval de la Sala Constitucional.
Por este fallo, la empresa arremete contra la falta de seguridad jurídica en el país.
Ahora Industrias Infinito se dedicará a reunir el papeleo y elaborar una ampliación de la demanda.
Será en aproximadamente seis meses que la empresa envíe la confirmación de arbitraje al Estado, después de esto, el país deberá definir a los representantes legales en la cita con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Después de esto, se procederá a nombrar los árbitros que definirán el arreglo final.
Se estima que todo el proceso legal tarde al menos tres años.
De 250 personas que estaban instaladas en el país para el proyecto de la mina Crucitas, solo restan 15, entre ellos guardias de seguridad, administradores, contadores, abogados y una comunicadora.
La empresa estima que por costos de arbitraje deberá desembolsar unos $4 millones, cifra que el Gobierno debe presupuestar.
La única vez que Industrias Infinito se vio envuelta en un proceso de arbitraje fue en Venezuela, cuando antes se regía bajo el nombre Vanessa Ventures.
En este caso, el proceso tardó ocho años y la empresa no logró su cometido, por lo que tuvo que costearse el pago de una demanda que no ganó.

Luis Fernando Cascante
lcascante@larepublica.net
@La_Republica