Guatemala lidera en alianzas público-privadas
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Ranking de The Economist

Guatemala lidera en alianzas público-privadas

Existe apertura hacia la inversión privada en infraestructura pública

Gracias a una buena disposición gubernamental para implementar una normativa que regule las Alianzas Público-Privadas (APP), Guatemala lidera la región centroamericana en este ámbito.
Así lo determinó el índice Infrascope, elaborado por The Economist, el cual estudia factores del marco normativo de cada país en América Latina y el Caribe, junto con el clima de inversión para proyectos de infraestructura APP.
El primer lugar del índice es para Chile, que posee un largo historial y camino recorrido en su marco normativo, para permitir concesiones en varios sectores.
La última posición es ocupada por Venezuela, país que junto con Argentina, sigue resistiéndose a la participación del sector privado en proyectos de infraestructura.
El estudio tuvo lugar entre diciembre de 2011 y julio de 2012 y se realizaron más de 40 conversaciones telefónicas con expertos de infraestructura y de políticas de APP (cifras expresan posición de países centroamericanos en puntos).


1. Guatemala (43)
Lidera el istmo centroamericano, además cuenta con planes estratégicos para incentivar la inversión en transporte y electricidad. La ley ha sido discutida por más de dos años pero sigue sin implementarse.

2. Costa Rica (38)
La falta de reestructuración de la industria eléctrica limita la inversión privada, por otra parte, el transporte ha sido y seguirá siendo el sector dominante para las APP en Costa Rica.

3. El Salvador (38)
Una revisión pendiente del sistema APP mejoró moderadamente su posición en la categoría del marco normativo, además, el sector eléctrico continúa recibiendo inversión privada.

4. Panamá (34)
Pese a la oposición social, el gabinete aprobó una concesión para un puerto de contenedores en Colón, mostrando voluntad política para involucrar a la inversión privada en la construcción de infraestructura.

5. Honduras (34)
Honduras implementó una ley para las APP en 2010 y su incremento del 9,5% no es casualidad, no obstante, el riesgo político genera preocupaciones.
 

Luis Fernando Cascante
[email protected]

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