Golpe a plan energético
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 26 junio, 2012
Panorama complicado y estancamiento rodean ley eléctrica
Golpe a plan energético
Participación de empresas privadas genera fuertes diferencias
En un bache del que parece difícil salir, se encuentra la ley de emergencia eléctrica.
Esto, a pesar de que fuertes alzas en la electricidad, o peor aún, apagones, dependerían del futuro de esa iniciativa.
La Torre de Babel en que se ha convertido la discusión de ese tema en el Congreso, hace que su pronóstico sea reservado.
Básicamente, las diferencias entre los legisladores se concentran en tres puntos.
El primero de ellos, es el porcentaje de participación de los generadores privados en la producción nacional, el cual asciende en estos momentos a un 17%, aunque la ley les permite producir hasta un 30%.
Debido a los atrasos que ha tenido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para tener a tiempo varios proyectos hidroeléctricos, como Diquís y Reventazón, el Gobierno propone aumentar ese nivel hasta un 50% de generación.
Pero esa propuesta es refutada por opositores al plan, que consideran que no hay peligro de apagones, ni subidas de precio.
“Ha quedado demostrado en la comisión de electricidad, que los supuestos apagones no son otra cosa que ficción, no hay riesgo inminente de nada de eso. Lo que deberíamos hacer es fortalecer el modelo actual de producción de energía y no debilitarlo”, expresa Juan Carlos Mendoza, legislador de Acción Ciudadana.
Otro de los puntos que evitan el avance de la ley de emergencia eléctrica está relacionado con los parámetros que definen la figura del gran consumidor.
En el país, hay ocho empresas que disfrutan de una tarifa especial, debido a la gran cantidad de energía que consumen. La iniciativa busca ampliar ese privilegio a unas 15 compañías.
El último de los tres elementos que evitan un acuerdo político, es la declaratoria de conveniencia nacional de los proyectos eléctricos.
Esto, debido al temor de que bajo esa figura, se destruya la naturaleza.
En medio de la disputa de los congresistas, se encuentran los generadores privados y las cooperativas de electricidad rural, quienes ven con preocupación la falta de definición.
“Sin duda, se trata de un proyecto que no genera consenso, debido a que este no es un plan de contingencia, sino de apertura. Es preocupante lo que está pasando, pues ya se llevan muchos años hablando sobre reformar el sector de electricidad y no se toman decisiones”, indica Erick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación Rural, la cual agrupa a las cooperativas de energía.
En mayo de 2011, aduciendo el peligro de desabastecimiento, Laura Chinchilla, presidenta de la República, presentó su plan de contingencia eléctrica al país.
Su decisión se fundó en que otro proyecto, más ambicioso y que busca reformar el mercado eléctrico, ha estado empantanado por años en la Asamblea.
La preocupación de Chinchilla es parte de los argumentos de los defensores que hoy tiene el plan.
“Hace unos días, nos enteramos de las pérdidas de $22 mil millones del ICE el año pasado, y que tuvo que pedir dispensa de pago. Esta información la conocen acreedores, quienes podrían cerrar las puertas a la institución y afectar su capacidad de inversión. Por otra parte, países como China, están generando una gran presión sobre el petróleo, lo cual encarecería el costo para nosotros, si producimos más energía con petróleo”, explicó Alfonso Pérez, legislador de Liberación Nacional.
El último capítulo de las diferencias entre los legisladores se debe a la legalidad de la comisión especial que analiza el tema.
Por un lado, los opositores consideran que el plazo de rendir un informe ya terminó, por lo que no se puede seguir sesionando, mientras que los oficialistas aducen lo contrario.
La última palabra en este tema la tendrá Víctor Emilio Granados, presidente del Congreso, quien deberá decir cuál de las dos partes tiene la razón.
Mientras tanto, el tiempo sigue pasando sin que el Congreso tome una decisión.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Golpe a plan energético
Participación de empresas privadas genera fuertes diferencias
En un bache del que parece difícil salir, se encuentra la ley de emergencia eléctrica.
Esto, a pesar de que fuertes alzas en la electricidad, o peor aún, apagones, dependerían del futuro de esa iniciativa.
La Torre de Babel en que se ha convertido la discusión de ese tema en el Congreso, hace que su pronóstico sea reservado.
Básicamente, las diferencias entre los legisladores se concentran en tres puntos.
El primero de ellos, es el porcentaje de participación de los generadores privados en la producción nacional, el cual asciende en estos momentos a un 17%, aunque la ley les permite producir hasta un 30%.
Debido a los atrasos que ha tenido el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para tener a tiempo varios proyectos hidroeléctricos, como Diquís y Reventazón, el Gobierno propone aumentar ese nivel hasta un 50% de generación.
Pero esa propuesta es refutada por opositores al plan, que consideran que no hay peligro de apagones, ni subidas de precio.
“Ha quedado demostrado en la comisión de electricidad, que los supuestos apagones no son otra cosa que ficción, no hay riesgo inminente de nada de eso. Lo que deberíamos hacer es fortalecer el modelo actual de producción de energía y no debilitarlo”, expresa Juan Carlos Mendoza, legislador de Acción Ciudadana.
Otro de los puntos que evitan el avance de la ley de emergencia eléctrica está relacionado con los parámetros que definen la figura del gran consumidor.
En el país, hay ocho empresas que disfrutan de una tarifa especial, debido a la gran cantidad de energía que consumen. La iniciativa busca ampliar ese privilegio a unas 15 compañías.
El último de los tres elementos que evitan un acuerdo político, es la declaratoria de conveniencia nacional de los proyectos eléctricos.
Esto, debido al temor de que bajo esa figura, se destruya la naturaleza.
En medio de la disputa de los congresistas, se encuentran los generadores privados y las cooperativas de electricidad rural, quienes ven con preocupación la falta de definición.
“Sin duda, se trata de un proyecto que no genera consenso, debido a que este no es un plan de contingencia, sino de apertura. Es preocupante lo que está pasando, pues ya se llevan muchos años hablando sobre reformar el sector de electricidad y no se toman decisiones”, indica Erick Rojas, gerente del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación Rural, la cual agrupa a las cooperativas de energía.
En mayo de 2011, aduciendo el peligro de desabastecimiento, Laura Chinchilla, presidenta de la República, presentó su plan de contingencia eléctrica al país.
Su decisión se fundó en que otro proyecto, más ambicioso y que busca reformar el mercado eléctrico, ha estado empantanado por años en la Asamblea.
La preocupación de Chinchilla es parte de los argumentos de los defensores que hoy tiene el plan.
“Hace unos días, nos enteramos de las pérdidas de $22 mil millones del ICE el año pasado, y que tuvo que pedir dispensa de pago. Esta información la conocen acreedores, quienes podrían cerrar las puertas a la institución y afectar su capacidad de inversión. Por otra parte, países como China, están generando una gran presión sobre el petróleo, lo cual encarecería el costo para nosotros, si producimos más energía con petróleo”, explicó Alfonso Pérez, legislador de Liberación Nacional.
El último capítulo de las diferencias entre los legisladores se debe a la legalidad de la comisión especial que analiza el tema.
Por un lado, los opositores consideran que el plazo de rendir un informe ya terminó, por lo que no se puede seguir sesionando, mientras que los oficialistas aducen lo contrario.
La última palabra en este tema la tendrá Víctor Emilio Granados, presidente del Congreso, quien deberá decir cuál de las dos partes tiene la razón.
Mientras tanto, el tiempo sigue pasando sin que el Congreso tome una decisión.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net